“La Constitución de Tierra del Fuego es buena, pero hay que añadirle calidad institucional que hoy no tiene”

Río Grande.- “Es momento de realizar una reforma a la Constitución para poner blanco sobre negro, sobre todo para poner en el tapete el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, así como hay que reformar la Justicia porque este servicio de justicia que tiene Tierra del Fuego no me gusta, no me parece bueno y hay que poner la lupa sobre eso”, señaló en declaraciones a FM Austral el dirigente de la Unión Cívica Radical Javier da Fonseca.

Para el abogado y excandidato a diputado nacional por la UCR “la Constitución fue buena porque a diferencia de otras provincias, como Formosa o Santiago del Estero, ha permitido la alternancia en la historia constitucional de Tierra del Fuego y hemos tenido todo tipo de gobiernos de distintas fuerzas políticas”.

Sin embargo, consideró que ahora “hay que añadirle valor agregado, hay que añadirle calidad institucional que hoy Tierra del Fuego no tiene y por eso estoy de acuerdo con una reforma de la Constitución”.

“Verdaderamente hay que impulsar un debate que concluya en una reforma de la Constitución para garantizar una mejora institucional, y creo que es necesario”, agregó.

Para da Fonseca “ser miembro del Tribunal de Cuentas o ser Fiscal de Estado no puede ser un título de nobleza”, por lo que reclamó “cambiar a las personas que integran esos organismos; así como hay que modificar el sistema de justicia, y sobre todo la justicia penal de Tierra del Fuego”.

El letrado opinó que “no hay que modificar toda la Constitución, pero sí algunos puntos fundamentales que tienen que ver con el funcionamiento del Estado y con la transparencia de la que hoy carece”.

Por último, da Fonseca pidió “acompañar a la población en el sacrificio diario que realizan para llegar a sus objetivos”, entendiendo que “no puede ser que haya una casta burocrática, ya sea del Poder Ejecutivo, Judicial o Legislativo, que tengan un tren de vida y que la población esté haciendo todo el sacrificio”.

“No puede ser que la población viva como en el Congo y los funcionarios judiciales y del Tribunal de Cuentas vivan como en Bélgica”, cerró.