Miles de familias dependen de la asistencia y el Estado ya no da abasto

Desde 2023, la crisis económica y laboral se ha profundizado en la isla. La finalización de contratos en la industria, sumado a suspensiones y salarios que no alcanzan, derivó en una ola de pedidos de asistencia. Actualmente, el Estado provincial entrega alimentos a 20 mil personas en Río Grande y a otras 8 mil en Ushuaia, además de responder a miles de solicitudes por alquileres, servicios y situaciones sanitarias complejas.

A este escenario se suma la llegada masiva de personas desde otras provincias que arriban sin trabajo, vivienda ni redes de contención. Solo hasta abril, se registraron 2.500 cambios de domicilio. "Ni siquiera podemos asistir a todos los fueguinos, mucho menos a los que recién llegan", advirtió la funcionaria en FM Master´s.

La situación se agrava por el recorte de programas nacionales, como Acompañar, PAE y asistencia alimentaria. También dejó de haber recursos para comedores comunitarios y ayuda a víctimas de trata. “El Estado provincial se está haciendo cargo de todo lo que Nación abandonó”, denunció Chapperón. Incluso mencionó que el PAMI no cubre prestaciones básicas para los adultos mayores alojados en residencias públicas.

En este contexto, la violencia también se disparó. “Aumentaron drásticamente los casos de violencia de género e intrafamiliar. Tenemos más oficios judiciales, más pulseras electrónicas, más mujeres y niños en riesgo”, explicó. Además, alertó sobre la falta de compromiso familiar en la atención a adultos mayores o personas con consumos problemáticos, recalcando que la ley impone esa responsabilidad en primer lugar a los familiares.

La funcionaria reconoció que no existen cifras actualizadas de cuántas personas están por debajo de la canasta básica, pero afirmó que la situación es visible en cada oficina del Ministerio, donde el colapso de pedidos es diario. La caída en la coparticipación y en la recaudación provincial pone aún más presión a un sistema que ya no alcanza.

“Estamos haciendo todo lo posible, pero el Estado solo no puede. Esta crisis requiere una respuesta comunitaria urgente”, concluyó.