La Cámara anula la semilibertad concedida a un abusador condenado

La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto el régimen de semilibertad otorgado al empresario Héctor Darío “el Gringo” Weiss, sentenciado en 2018 a ocho años de prisión por abusar sexualmente de dos niñas. El fallo, firmado el 12 de junio por mayoría de los jueces Paola Caucich y Sergio Diéguez —con la disidencia de Andrés Leonelli—, concluyó que el condenado no ha logrado una auténtica reinserción social y sigue siendo un “potencial riesgo” para terceros, especialmente para menores.

El controvertido beneficio había sido concedido el 10 de junio por el juez de Ejecución de Condenas Manuel Isidoro López. El magistrado autorizó salidas laborales de lunes a sábado y la posibilidad de pasar 24 horas semanales en un domicilio de Río Grande, bajo monitoreo electrónico, apoyado en informes favorables del Consejo Correccional y en un estudio criminológico que valoraba la “buena conducta” del interno.

No obstante, el juez omitió elementos clave: el dictamen contrario del fiscal Daniel Curtale, la opinión de las víctimas y los peritajes psicológicos y psiquiátricos que señalaban una falta de verdadera asimilación de la gravedad del delito. Los especialistas alertaron que Weiss podría “decir lo que conviene” para acceder a reducciones de pena sin haber realizado un trabajo terapéutico profundo.

Al revisar la decisión, la Cámara consideró que el empresario mantiene un “distanciamiento emocional” respecto de los hechos y carece de herramientas para prevenir nuevas agresiones. Según Caucich, todavía “no se vislumbra un cambio genuino” en su postura. Diéguez coincidió en que persiste el peligro de reincidencia. Leonelli, en minoría, sostuvo que la instancia de apelación debía limitarse a controlar la fundamentación del fallo original y no sustituir el criterio del juez.

Con la revocatoria, Weiss continuará cumpliendo la totalidad de su condena en el establecimiento penitenciario. Fue declarado culpable de “abuso sexual simple reiterado en concurso real con abuso sexual agravado por la inmadurez de la víctima” en tres hechos: una relación con una adolescente de 14 años y una serie de abusos perpetrados contra otra niña entre los 8 y los 11 años, revelados cuando la menor logró contar su experiencia.

La causa vuelve a poner bajo la lupa los criterios de otorgamiento de beneficios carcelarios y reaviva el debate sobre la protección efectiva de las víctimas frente a condenados por delitos sexuales.