GENERALES | 27 JUN 2025
CIBERCRIMEN Y JUSTICIA
Especialista advierte: “Un juez no puede guardar material sensible en la nube”
La investigación que involucra a un juez de Tierra del Fuego por presunta posesión de material relacionado con abuso sexual infantil generó conmoción y reavivó el debate sobre cómo debe actuar el sistema judicial ante este tipo de delitos. El especialista en ciberdelitos, Aníbal Lazzaroni, brindó su análisis en diálogo con FM Master’s, donde sostuvo que el almacenamiento de pruebas judiciales en servidores personales es inaceptable y ajeno a los protocolos vigentes.
“No hay justificación técnica ni jurídica para que un magistrado almacene este tipo de contenidos fuera de los canales institucionales. El Poder Judicial dispone de servidores cifrados y seguros específicamente diseñados para proteger material sensible sin que este salga del ámbito controlado”, explicó.
Lazzaroni aclaró que la posesión de pornografía infantil constituye un delito desde la modificación del artículo 218 del Código Penal en 2018, una reforma impulsada con fuerza desde Tierra del Fuego. “Desde entonces, ya no se requiere probar tráfico o distribución: la mera tenencia ya es punible. Esa fue una herramienta clave para poder avanzar en causas que antes quedaban en el limbo”, indicó.
En relación al caso que involucra al juez fueguino, el especialista remarcó que los allanamientos no se realizan por sospechas aisladas: “Las alertas provienen de redes internacionales que monitorean el tráfico y consumo de este tipo de material. Cuando se detecta actividad irregular —como una descarga o visualización— se identifica la IP, se emite un reporte y se solicita una medida judicial. Todo está respaldado por evidencia técnica”.
También hizo hincapié en la importancia de la cadena de custodia digital: “Cada movimiento de una prueba debe estar debidamente registrado y autorizado. Manipular evidencia fuera del circuito judicial pone en riesgo no solo la causa, sino también el prestigio del sistema”.
Al recordar el caso del exdirector del Hospital Garrahan, condenado por almacenar imágenes de abuso infantil, Lazzaroni subrayó que ningún cargo garantiza inmunidad. “Este tipo de delitos atraviesa jerarquías y profesiones. La justicia debe actuar sin excepciones ni privilegios”, afirmó.
Finalmente, expresó su preocupación por la situación nacional: “Argentina figura entre los países con índices más altos de tráfico y consumo de pornografía infantil. Es urgente avanzar en políticas preventivas, fortalecer la capacitación judicial y promover un compromiso social más firme. Este caso debe ser un punto de inflexión, no un hecho aislado”.
