Silencio institucional, temor interno y el reclamo por una intervención urgente

La denuncia por el presunto circuito de corrupción montado por suboficiales y oficiales en el Batallón de Infantería de Marina N° 4 (BIM4) de Ushuaia sigue sumando capítulos. A las pruebas documentales, imágenes y relatos que confirman la maniobra de cobro ilegal a aspirantes a tropa voluntaria, se sumó ahora un audio clave que pone de manifiesto cómo funcionaba la presión interna para hacer pagar los uniformes —que por reglamento deberían ser gratuitos— mediante pagarés en blanco y pagos en efectivo, sin recibos ni facturas.

El mensaje de voz, cuya transcripción fue parte de la segunda entrega de este informe, confirma lo que los denunciantes vienen relatando: se citaba a los jóvenes fuera del ámbito militar, en casas particulares, para hacerles entregar montos en efectivo que duplicaban el valor real del equipamiento reglamentario. La advertencia era clara: sin pagar, no habría continuidad en la fuerza.

Una cultura del miedo

Las fuentes consultadas coinciden en señalar el temor como principal barrera para realizar denuncias formales. Los jóvenes voluntarios ingresan con la esperanza de una salida laboral y estabilidad económica, pero se encuentran con prácticas autoritarias que los exponen a abuso de poder, manipulación e indefensión jurídica.

“Los chicos no saben a quién acudir. Si hablan, los sacan del sistema. Y si pagan, se quedan callados para no perder lo poco que tienen”, explica una fuente militar que pidió reserva absoluta de identidad.

Incluso personal de carrera que no participó del esquema reconoce que esta práctica “es conocida internamente, pero nadie la detiene”. La connivencia del mando medio y superior haría inviable cualquier reclamo dentro del circuito institucional de la Armada.

¿Qué dice la Armada Argentina?

Hasta el momento, la Armada no emitió ningún comunicado oficial ni respondió a los requerimientos informativos realizados por medios locales. Tampoco se ha abierto —que se sepa— ninguna investigación administrativa ni se han tomado medidas preventivas contra los implicados.

Este silencio institucional profundiza la sensación de impunidad, alimenta las sospechas sobre la cobertura jerárquica y deja desprotegidas a las víctimas de una estafa montada desde adentro.

¿Qué puede pasar ahora?

El caso ya es conocido por actores de la política fueguina y por referentes de organismos de derechos humanos que han solicitado informes a Defensa. Algunos legisladores provinciales analizan realizar presentaciones formales ante el Ministerio de Defensa y la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), exigiendo:

• La intervención inmediata de la base o del batallón hasta tanto se esclarezcan los hechos.

• La apertura de una auditoría interna por parte de la Armada.

• La protección legal y laboral de las víctimas, que hoy siguen prestando servicios con miedo.

Además, se espera que las pruebas reunidas en los informes anteriores —capturas de mensajes, listados, recibos informales, fotografías y el audio clave— sean elevadas en breve a la Justicia Federal.

Conclusión: no es un caso aislado, es una práctica sistemática

Las fuentes aseguran que este tipo de incorporaciones “zonales” de tropa voluntaria también se realizan en otras bases de la Armada en el país. La falta de controles, la desigualdad de condiciones y la marginación de los sectores más vulnerables generan un terreno fértil para este tipo de maniobras.

Lo ocurrido en el BIM4 de Ushuaia no es una excepción: es la punta de un iceberg que expone cómo, bajo la fachada de ofrecer oportunidades laborales, se esconde una estructura que lucró con el sueño de servir a la Patria.