En medio de cuestionamientos por falta de legalidad, vicios de procedimiento y concentración de fondos, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó esta semana un nuevo convenio con Parques Nacionales que implica el cobro de un nuevo canon o impuesto para el turismo, el cual generará cientos de millones de pesos para el Ejecutivo municipal.
La sesión fue calificada como “irregular” y “políticamente forzada” por el concejal de Somos Fueguinos, Valter Tavarone, quien en declaraciones a FM Radio Provincia alertó sobre graves fallas administrativas y una posible transferencia indebida de competencias.
“Nunca debió firmar la secretaria de Turismo un convenio que compromete al Instituto Municipal de Deportes. El convenio es nulo de nulidad absoluta”, sostuvo Tavarone.
El convenio aprobado establece que los ingresos generados por el cobro a visitantes en el Parque Nacional Tierra del Fuego serán administrados por la Secretaría de Turismo, a través de un programa de “deporte y recreación”.
Sin embargo, el Instituto Municipal de Deportes —creado por ordenanza y con autoridades autónomas— debió ser el responsable legal del acuerdo, ya que fue el órgano formalmente incluido en la rúbrica del convenio. Aun así, fue la secretaria Viviana Manfredotti quien firmó, sin haber recibido delegación formal ni expresa.
“Se violó la Ley de Procedimiento Administrativo, la Carta Orgánica y el reglamento interno del Concejo. Todo esto es un atropello institucional”, denunció el edil.
Según Tavarone, los fondos derivados de este convenio podrían superar los 500 millones de pesos solo en 2025, lo que incrementa un 25% el presupuesto de la Secretaría de Turismo, sin mecanismos claros de control ni planificación específica del destino de esos recursos.
Además, alertó que estos ingresos ya no serán destinados a cubrir déficits del transporte público, como sucedía con la UICE, sino que alimentarán directamente una dependencia municipal que ya cuenta con financiamiento por otras vías.
“Es sospechoso que los recursos se desvíen hacia un área ya privilegiada presupuestariamente, mientras se abandonan proyectos clave como el techado de la pista de patinaje o el mantenimiento de los playones deportivos”, agregó.
La sesión fue convocada con una maniobra que podría considerarse inconstitucional, según el concejal. Los ediles oficialistas firmaron la solicitud mientras el cuerpo deliberaba otra sesión ordinaria, sin fijar fecha ni hora, y fue la propia viceintendenta —en su rol de presidenta del Concejo— quien emitió el decreto de convocatoria sin atribuciones para hacerlo.
“La viceintendenta no puede reemplazar la voluntad de los concejales. La citación fue completamente desprolija, inconsulta y contraria al reglamento interno”, explicó Tavarone.
Hasta el momento, Parques Nacionales no emitió ninguna objeción sobre la legalidad del convenio, pese a que la firma del mismo recayó en una funcionaria que no tenía competencia legal para hacerlo. “No se entiende por qué Parques aceptó un convenio firmado así”, concluyó el concejal.
Tavarone no descartó que la oposición evalúe acciones judiciales para frenar la aplicación del convenio y revisar la legalidad de la sesión especial y de los actos administrativos derivados. Por ahora, los fondos seguirán ingresando al Ejecutivo, mientras crecen las sospechas sobre el manejo discrecional del dinero público en Ushuaia.