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El abogado Ariznavarreta avaló que no se perite el celular del juez Leonelli - Red 23 Noticias - Tierra del Fuego

GENERALES | 7 JUL 2025

JUSTICIA EN LA MIRA

El abogado Ariznavarreta avaló que no se perite el celular del juez Leonelli

En un reciente giro en el caso que involucra al juez Andrés Leonelli por la tenencia de material pornográfico infantil, el abogado Gustavo Ariznavarreta se pronunció enfáticamente en su defensa. Ariznavarreta no solo avaló la anulación del peritaje de un celular clave, sino que argumentó que las imágenes tienen un origen lícito derivado de una investigación previa del propio magistrado, buscando desestimar las acusaciones de delito en un contexto de creciente escrutinio judicial.




USHUAIA.- La polémica en torno al juez Andrés Leonelli, investigado por tenencia de material pornográfico infantil, se intensifica tras la intervención de su abogado patrocinante, Gustavo Ariznavarreta. En declaraciones vertidas en Radio Provincia (99.9) de la ciudad de Ushuaia, Ariznavarreta avaló la decisión de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia de anular la orden de peritar un celular del magistrado, una medida que ha generado gran debate en el ámbito judicial fueguino. El letrado insistió en que las pruebas ya disponibles demuestran que las imágenes en cuestión provienen de una causa que el propio Leonelli instruyó como juez en Río Grande entre 2015 y 2017.

Ariznavarreta explicó que las 53 fotos halladas en la nube de Leonelli, subidas desde un equipo del Poder Judicial, corresponden exactamente a un archivo de una investigación penal anterior. Según su versión, en el marco de esa causa, las imágenes fueron abiertas con actas notariales. Cuando Leonelli se trasladó de Río Grande, realizó un respaldo de su material de trabajo, incluyendo estas fotos, que permanecieron en su computadora durante años y aparecieron al ser subidas a la nube para un cambio de equipo.

Cuestionamientos a la Investigación

El abogado de Leonelli argumentó que, con el origen lícito de las fotos ya establecido, no tenía sentido peritar otros teléfonos del juez y su esposa. Ariznavarreta reveló que, a pesar de su pedido de suspensión, la policía accedió a uno de los teléfonos sin notificar a la defensa ni a su perito, lo que calificó como una "rotura de la cadena de custodia". Esta irregularidad procesal fue clave para que la Cámara declarara la nulidad de esa pericia y ordenara la restitución del dispositivo, al considerarlo inválido como prueba.

Ariznavarreta subrayó que el delito de tenencia de material pornográfico infantil, según el artículo 128 del Código Penal, exige que la posesión sea "a sabiendas" de que el origen es ilícito. En este caso, al estar las fotos vinculadas a una investigación oficial, el abogado sostiene que el dolo no está presente y que se trata de un "error razonable" en el contexto de su función judicial. Por ello, instó a que la causa se cierre por "inexistencia de delito", ya que la información clave está disponible y la investigación adicional violaría la intimidad del juez sin justificación procesal.

El defensor también desestimó las acusaciones que vinculan la anulación del peritaje con una supuesta sociedad inmobiliaria entre Leonelli y el juez Alejandro Fernández, quien votó a favor de la medida. Ariznavarreta calificó estas afirmaciones como "mentira" y explicó que la adquisición de unidades en un mismo edificio "en pozo" es una situación común que no implica una sociedad ilícita ni conflicto de intereses. Además, cuestionó la diferencia de trato que, a su parecer, se le ha dado al juez Leonelli en comparación con casos similares en los que se pidió explicación a policías sin allanamientos ni secuestros de equipos. Para Ariznavarreta, si el Estado se vale de medios ilegales para obtener pruebas, se comprometen los derechos y la credibilidad de la justicia.

El abogado reafirmó que su rol es defender los derechos de su cliente y que la prueba producida demuestra que Leonelli no tenía las fotos con intención delictiva, sino como parte de su trabajo persiguiendo justamente delitos de esa naturaleza. Enfatizó que no se puede exigir que el juez "demuestre que no es un delincuente", sino que la carga de la prueba recae en la acusación, y esta debe ser obtenida de manera legal y fundamentada.