La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien encabezó una conferencia de prensa para detallar la resolución que, según explicó, responde a la intención de erradicar prácticas corruptas en la obra pública. La presentación comenzó con un repaso de la causa judicial que derivó en la condena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en contratos viales.
“El presidente Javier Milei firmó un decreto que establece el fin de Vialidad Nacional, junto con la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, precisó Adorni. Además, explicó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) pasará a denominarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte, y asumirá tareas de supervisión sobre las concesiones viales.
El plan oficial contempla abrir a licitación más de 9.000 kilómetros de rutas que, según se argumentó, “fueron víctimas de décadas de despilfarro y manejos fraudulentos”. “Esto es, simbólicamente, un certificado de defunción para la corrupción en la obra pública”, enfatizó el portavoz.
Adorni también aprovechó la ocasión para defender el uso de las facultades delegadas por parte del Ejecutivo, que vencen próximamente. “Nos acusaron de querer concentrar poder, pero es uno de los pocos gobiernos desde 1983 que no pidió prórrogas de esas facultades. Las usamos para revertir los daños que dejaron gestiones anteriores”, afirmó.
En esa línea, cuestionó las críticas de sectores políticos que, según dijo, avalaron herramientas similares durante el kirchnerismo y la pandemia. “El problema no es la herramienta, sino el fin para el que se emplea”, cerró.
Con esta decisión, la administración Milei profundiza su estrategia de recorte estatal y apertura a la iniciativa privada para la construcción y mantenimiento de rutas.