“El Poder Judicial fueguino es una casta intocable y hay que animarse a revisarlo todo”

En un extenso y contundente diagnóstico, el abogado Francisco “Paco” Giménez lanzó una fuerte advertencia sobre la crisis de confianza que atraviesa el Poder Judicial de Tierra del Fuego y cuestionó la falta de control, la connivencia interna y los privilegios que -según afirma- consolidan una “casta” difícil de remover. “Es un loop infinito: no se sale de un escándalo que ya entramos en otro”, resumió al enumerar casos como el del juez Leonelli, el camarista Fernández, la polémica por la custodia de pruebas de la jueza Barrionuevo y el reciente viaje de una magistrada a Holanda.

“Todo esto pasa cuando una corporación es sacada a la luz”, planteó Giménez en FM La Isla. Para el abogado, el problema no es nuevo: “Desde jueces que se copiaban exámenes, jueces con estudios jurídicos paralelos o que se apropiaban de terrenos fiscales. Antes se tapaba todo porque si no salía en la tapa de un diario nadie se enteraba. Hoy la inmediatez de las redes lo visibiliza”.

“¿Con qué legitimidad juzgan?”

Giménez cuestionó la autoridad moral del sistema para dictar sentencias: “¿Con qué legitimidad este Poder Judicial le resuelve los problemas a la gente? Venimos diciendo esto en soledad hace años y ahora se ve: hace falta una explicación y si no hay consecuencias, esto sigue igual. Un camarista con un fideicomiso de 30 departamentos en Ushuaia no cierra por ningún lado. Que expliquen su patrimonio”.

El abogado apuntó a la falta de debate real en la política fueguina: “Cuando se habla de reforma constitucional, se discute el municipio, el Tribunal de Cuentas, pero nunca el modelo de Poder Judicial. ¿Por qué no se puede tocar? ¿Por qué no podemos meterlo en una Asamblea Constituyente soberana que revise todo el capítulo judicial?”.

Privilegios “escondidos” y reformas que no llegan

Giménez reveló detalles del blindaje institucional que impide cambios estructurales: “¿Sabías que si el poder político, a través de sus representantes, quisiera cambiar la composición del Superior Tribunal, no puede? Solo los jueces pueden pedirlo. Para ampliar la cantidad de miembros, los propios jueces presentaron la acordada. Si queremos volver a tres o subirlo a siete, es imposible”.

Además, marcó que ni siquiera se puede avanzar en normas básicas para evitar nepotismo: “No se puede dictar una ley que prohíba que familiares directos de jueces entren al Poder Judicial. Tampoco se pueden abrir nuevos juzgados sin su autorización. Son privilegios inadmisibles que debemos animarnos a tocar”.

Para el abogado, el régimen de inamovilidad vitalicia es otra de las trabas que alimentan la falta de rendición de cuentas: “No ha funcionado. Hay que revisarlo, no puede ser para siempre. En su momento hubo un borrador de reforma que hablaba de permanencia por diez años. Era un inicio”.

Concursos digitados y vínculos de poder

Giménez cuestionó duramente al Consejo de la Magistratura: “Es absolutamente político y las designaciones también. Todos sabemos quién va a quedar en cada cargo antes de que se haga el concurso. Los postulantes hacen lobby, prometen como políticos en campaña. No son concursos transparentes ni objetivos”.

“La identificación es automática: cuando se habla de un juez o fiscal, uno dice ‘este es de fulano’ y ese fulano es parte del poder político o del judicial. Tierra del Fuego tiene un Poder Judicial joven, pero eso se está transformando en una casta intocable”, insistió.

“Nepotismo que nadie explica”

El abogado puso el foco en los lazos familiares dentro de la Justicia: “No podemos ver las declaraciones juradas, ni cuánto ganan, ni los vínculos. Si se publicara la lista de los mil empleados del Poder Judicial, podríamos hacer un árbol genealógico y ver quién es padre, hermano, esposo o esposa de quién”.

“Si un intendente o gobernador nombra a su familia, es un escándalo. Vive explicándolo. ¿Por qué los jueces no explican a quién nombran? ¿Por qué pasa esto? Porque hay privilegios irritantes. Animémonos a cuestionarlo sin prejuicio de quienes hacen bien su trabajo”, reclamó.

Para Giménez, el reciente comunicado de la Asociación de Magistrados “metió un quiebre en la relación con la sociedad”. Y agregó: “La prensa no debe abandonar a los vecinos. Tenemos que escarbar y preguntar cómo entra la familia de un juez y no el hijo de un vecino de Río Grande. ¿Dónde fue el concurso?”.

Una interpelación directa a la política

Para cerrar, el abogado apuntó directamente a la clase política fueguina: “El presupuesto del Poder Judicial es casi como el de un municipio como Río Grande, pero más del 90% se va en sueldos. No tienen que hacer calles ni puentes, pero manejan cifras millonarias. La clase política debe poner un paraguas a sus diferencias y sentarse a discutir esto. No son intocables”.

Y propuso una salida concreta: “La única forma es una convención constituyente que ponga a todos los jueces en comisión, que rindan cuentas y sean ratificados por un nuevo Consejo de la Magistratura. Porque así como vamos, el Poder Judicial deja mucho que desear y no nos sorprenden los escándalos”.

“No nos asombremos: tenemos que animarnos”

“Esta discusión es incómoda, pero necesaria”, concluyó. “Si no revisamos de raíz este esquema, seguiremos atrapados en un loop infinito de causas que se silencian. Hoy no podemos hacernos los distraídos”.