Según se desprende de la resolución difundida por FM Aire Libre, el fiscal fundamentó su planteo en publicaciones que revelaron una presunta sociedad comercial entre Fernández y Leonelli, respaldada por el “Contrato de Fideicomiso Edificio Glaciares”, firmado en diciembre de 2022 y registrado ante la escribana Ana Laura Granero. Para Ballester, este vínculo configura una causal de inhibición, ya que la normativa procesal establece que un juez debe apartarse si mantiene “sociedad o comunidad” con alguna de las partes.
En su presentación, el fiscal no solo solicitó que Fernández deje de intervenir en la causa sino que, además, reclamó declarar la nulidad de toda la actuación de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, que había resuelto no realizar pericias sobre un segundo celular de Leonelli. La decisión de no avanzar con esa medida despertó fuertes sospechas, dado que se trata de un teléfono que podría contener información clave para la investigación.
Ballester argumentó que, de confirmarse la vigencia de la sociedad, la resolución firmada por Fernández “carece de validez” y vulnera principios elementales del debido proceso y del juez natural. “Se trata de una nulidad absoluta”, sostuvo, al tiempo que pidió a la Justicia que oficie a la escribanía para certificar el contrato y su continuidad.
El pedido del fiscal se conoció luego de que la revelación periodística del vínculo comercial entre los magistrados forzara un giro en la estrategia de la acusación. En un primer momento, Ballester había convalidado la negativa de Fernández y su colega Acosta a abrir el celular. Tras la difusión del vínculo societario, cambió su postura y pidió la revisión integral del fallo.
El escándalo crece en paralelo a versiones que sugieren posibles maniobras para entorpecer el análisis del teléfono, de marca Samsung, donde podrían encontrarse datos, contactos y hasta nuevo material comprometedor. A la espera de una definición de instancias superiores, el caso vuelve a poner bajo la lupa la independencia y la transparencia dentro del Poder Judicial de Tierra del Fuego.