USHUAIA.- La negativa del Ejecutivo provincial a realizar la consulta “libre, previa e informada” a los pueblos originarios para la modificación de la Ley 1355 ha generado una fuerte reacción en las comunidades indígenas de Tierra del Fuego. Antonela Guevara, vicepresidenta de la comunidad Rafaela Ishton del pueblo Selk'nam, expresó su "profunda frustración y rechazo" ante la situación. "La verdad que me deja una sensación de desilusión porque nosotros consideramos que con todo el intercambio que tenemos con la Secretaría de Pueblos Originarios en particular la Secretaría de Derechos Humanos, íbamos a tener una respuesta favorable a nuestra petición”.
La dirigente señaló que la respuesta del Ejecutivo fue inusualmente rápida, sugiriendo la existencia de "intereses creados" y beneficios económicos para sectores ligados a los proyectos de salmonicultura. "No estaba claro que los intereses estaban y son, como lo explicó la ministra, netamente económicos”, y disparó: “Creo que no hay ninguna área del gobierno que responda una solicitud en menos de cuatro horas”.
Guevara anticipó que están preparando diversas acciones legales para contrarrestar la decisión provincial. “Vamos a insistir con la consulta en el nuevo proyecto, en el asunto 247 que presentó el Ejecutivo. Además, vamos a exigir la reglamentación de la ley 1355 y a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Estado por incumplimiento de los deberes del funcionario público", afirmó. Subrayó que la Ley 1355 está vigente y no ha sido derogada ni modificada, por lo que exigirán su reglamentación y presentarán los amparos necesarios.
Al mismo tiempo, la referente de la comunidad Selk'nam confirmó que se están organizando para realizar movilizaciones en toda la provincia, contando con el acompañamiento no solo de otros sectores de Tierra del Fuego, sino también de apoyo a nivel internacional, donde se reconoce el potencial perjuicio de estos proyectos.
La dirigente fue contundente al señalar que una consulta realizada en "condiciones normales" habría representado una oportunidad para un diálogo transparente entre las comunidades, los legisladores y el Ejecutivo. “Era una oportunidad para todos, para la comunidad indígena y la comunidad en general, para entender la propuesta del Ejecutivo, cuáles son esas áreas de sacrificio, qué lagos, qué ríos van a utilizar, qué especies exóticas pretenden introducir, en vista de qué interés o empresario…”, lamentó Guevara, resaltando la falta de información y discusión sobre los proyectos específicos.
Antonela Guevara reafirmó su postura firme contra la instalación de salmoneras tanto en el Canal Beagle como en el Atlántico, argumentando los graves impactos ambientales que generarían. Enumeró los efectos nocivos de "los antibióticos, los excrementos, los lugares quedan luego como zonas arrasadas, los fondos marinos detectados completamente”. Además, la líder indígena criticó directamente la capacidad de fiscalización del gobierno provincial. “Tenemos un gobierno que no tiene capacidad de fiscalización. Nos damos cuenta en todas las actividades que hay hoy en tierra: la actividad forestal, la actividad minera…", sostuvo. Concluyó con la pregunta: "¿Cómo podría yo pensar que van a estar custodiando la actividad en el medio del mar, en el lago, en el río?”, poniendo en duda la capacidad estatal para controlar adecuadamente una actividad de tal magnitud.