El rechazo será oficial el lunes, cuando los decretos se publiquen en el Boletín Oficial. A partir de entonces, toda la presión política y social se trasladará a la Cámara de Diputados, donde la oposición deberá conseguir los dos tercios necesarios para revertir el veto.
El veto a la ley de movilidad jubilatoria elimina la posibilidad de que los haberes se actualicen mensualmente según la inflación y los salarios, como planteaba la nueva fórmula. Para los más de 7 millones de jubilados que esperaban un alivio, el golpe es doble: seguirán dependiendo de los aumentos discrecionales por decreto y verán cada mes cómo se licúa su ingreso.
Por otro lado, la ley de emergencia en discapacidad buscaba restablecer prestaciones, transporte y pagos cortados a personas con discapacidad. Desde hace meses, familias, profesionales y prestadores denuncian recortes, falta de recursos y abandono. Con este veto, el Estado desactiva una red de asistencia que ya venía colapsada.
Desde la Casa Rosada se activó un operativo para blindar el veto en Diputados. Negociaciones con gobernadores, promesas de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos políticos para las elecciones de octubre forman parte de la estrategia para frenar la embestida opositora.
Mientras tanto, desde la oposición denuncian una maniobra dilatoria: Milei demoró la firma del veto para ganar tiempo, evitar el debate inmediato y cerrar pactos que le garanticen mayoría.
Organizaciones de jubilados, centros de discapacidad y movimientos sociales ya anunciaron movilizaciones. Para muchos, este veto no es solo una decisión fiscal: es una declaración política de guerra contra los sectores más vulnerables.
El presidente lo había anticipado: "Voy a vetar todo lo que rompa el déficit cero". Pero ahora, el costo político y social de sostener esa promesa empieza a medirse en protestas, tensión legislativa y un creciente desgaste institucional.