Según publica Info 3 Noticias, Sopena, conductor de una camioneta Jeep Journey, había sido hallado culpable por el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, que lo sentenció en mayo de 2024 a tres años de prisión en suspenso, cinco años de inhabilitación para conducir y el pago de las costas judiciales. La calificación legal fue la de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones graves.
No obstante, la defensa encabezada por el abogado Fernando Lapadula presentó un recurso ante el máximo órgano judicial provincial, solicitando la nulidad de la condena. El planteo fue admitido por los jueces María del Carmen Battaini, Javier Muchnik, Ernesto Löffler y Carlos Sagastume, quienes resolvieron absolver al imputado por falta de elementos probatorios concluyentes. La jueza Adriana Cataldo se apartó del caso debido a un vínculo de parentesco con una integrante del tribunal que dictó la sentencia inicial.
El fallo del STJ subraya que, si bien el hecho fue trágico, no se puede apartar del principio constitucional de presunción de inocencia, al no haberse acreditado la responsabilidad penal de manera indubitable. En uno de los pasajes del fallo se afirma que el respeto a ese principio requiere aplicar el criterio jurídico de in dubio pro reo, es decir, que ante la duda, debe favorecerse al acusado.
El siniestro ocurrió en la noche del 28 de octubre de 2021, cuando los jóvenes Santiago Liquín y Matías Berger, ambos de 18 años, cruzaban la avenida San Martín, a la altura de calle Finocchio, en la ciudad de Río Grande. Fueron embestidos por el vehículo que manejaba Sopena, quien circulaba por esa arteria en dirección al centro de la ciudad. Como consecuencia del impacto, Liquin perdió la vida, mientras que Berger sufrió lesiones de las que logró recuperarse.
Durante el juicio, se estableció que el conductor tenía presencia de alcohol en sangre y que circulaba levemente por encima del límite de velocidad permitido. También se consideró que la escasa iluminación de la zona pudo haber contribuido al desenlace.
El fallo del Superior Tribunal pone punto final al proceso judicial, dejando sin efecto la condena dictada en primera instancia y cerrando un caso que generó profundo impacto en la comunidad fueguina.