Martínez cuestionó que el Decreto 535 del Gobierno Nacional “no resuelve la situación de fondo” y se limita a “dar respuesta a disputas entre empresas”, sin asegurar la estabilidad de los puestos de trabajo. En ese marco, denunció que varias firmas incumplieron lo pactado, lo que —según afirmó— quebró la paz social alcanzada. Como ejemplo, mencionó a Carrier, que intentó no abonar salarios, y a FAPESA, que concretó la desvinculación de 78 empleados.
El dirigente gremial también apuntó contra las políticas económicas nacionales, a las que calificó como un “ajuste salvaje” que impacta sobre salarios, paritarias, educación, salud, jubilaciones y obra pública, con consecuencias negativas para toda la comunidad.
Respecto de la relación con otros sindicatos, aclaró que no existe una ruptura formal y que la UOM mantiene el objetivo de unidad del movimiento obrero, aunque reconoció que actualmente no todas las organizaciones se movilizan de forma conjunta.
Sobre el acuerdo firmado en mayo, Martínez sostuvo que “será defendido con la misma firmeza con la que fue conquistado” y pidió al Gobierno provincial que asuma el compromiso de garantizar los puestos de trabajo más allá del 31 de diciembre. Confirmó además que el gremio continuará en “estado de alerta y movilización permanente” y que cualquier medida se decidirá en el marco del Congreso de Delegados y las asambleas en planta.
“Seguimos sin resolver el objetivo central: asegurar la continuidad laboral. Nada ha cambiado en ese sentido”, concluyó el titular de la UOM Río Grande.