La medida fue dictada por el juez federal Ernesto Kreplak, en el marco de una investigación que tiene a 24 imputados por presuntas irregularidades en la producción y distribución del potente analgésico.
La investigación determinó que los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo, elaborados en diciembre de 2024 por el laboratorio Ramallo S.A. (operado en conjunto con HLB Pharma), contenían bacterias letales como klebsiella pneumoniae y ralstonia pickettii.
La distribución estuvo a cargo de la droguería Alfarma, administrada por la madre del empresario.
La orden de detención no solo alcanzó a García Furfaro sino también a gran parte de la plana mayor de las compañías involucradas, entre ellos:
Diego y Damián García, hermanos del empresario.
Nilda Furfaro, madre de los García, vicepresidenta y accionista de HLB.
Javier Tchukran, director general de HLB y Laboratorios Ramallo.
Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Laboratorios Ramallo.
José Antonio Maiorano, director técnico de HLB.
Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo.
Rodolfo Labrusciano, director suplente de la firma.
El juez Kreplak ordenó 10 allanamientos simultáneos, con participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), en busca de pruebas que confirmen las responsabilidades en la cadena de producción y distribución del medicamento adulterado.
El caso expone una cadena de irregularidades que va desde la fabricación sin controles adecuados hasta la distribución masiva en hospitales, lo que derivó en una tragedia sanitaria inédita en el país. La Justicia avanza sobre la hipótesis de delitos contra la salud pública y homicidios culposos, con la posibilidad de que se agraven las imputaciones a medida que surjan nuevas pruebas.
Con los principales directivos ya bajo arresto, la causa ingresa en una etapa clave: determinar el nivel de complicidad entre las distintas áreas de las empresas y definir hasta dónde llegó el conocimiento —y la responsabilidad— sobre la salida de los lotes contaminados al sistema de salud.
Mientras tanto, las familias de las víctimas reclaman justicia y advierten que la tragedia pudo evitarse con controles más estrictos y transparencia en el sistema farmacéutico argentino.