El caso comenzó con la filtración de audios difundidos en el servicio de streaming Carnaval, donde se escucha a Spagnuolo explicar un supuesto sistema de retornos en la compra de medicamentos. En esas grabaciones, el funcionario detallaba que las empresas debían pagar un 8% de sobreprecio para que se aprobaran las operaciones, dinero que se canalizaba a través de la droguería Suizo Argentina. Según su propio relato, “a Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”.
Los audios fueron la chispa que encendió la investigación judicial. Tras la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, el juez federal Sebastián Casanello ordenó más de 15 allanamientos simultáneos en domicilios de los involucrados y en sedes de la ANDIS y la droguería.
El operativo tuvo un resultado impactante:
En una vivienda de Nordelta se incautaron 266 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo.
En la sede de la droguería Suizo Argentina se secuestraron 15 cajas con documentación y un pendrive clave para la investigación.
En oficinas de la ANDIS se hallaron solicitudes de gestión de pagos y transferencias por más de 10.800 millones de pesos hacia la droguería investigada.
La causa está caratulada como defraudación por administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita, y se mantiene bajo secreto de sumario.
El gobierno reaccionó destituyendo a Spagnuolo y ordenando la intervención inmediata de la ANDIS, a cargo del ministro Mario Lugones, con el argumento de “garantizar su normal funcionamiento”. Sin embargo, el golpe político es mayúsculo: los audios no solo comprometen a un exfuncionario, sino que mencionan directamente a Karina Milei, figura central en la mesa chica presidencial.
La crisis estalló en paralelo al revés legislativo que sufrió el oficialismo con la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por abrumadora mayoría pese al veto presidencial.
Mientras la Justicia analiza la enorme cantidad de pruebas incautadas, la oposición ya habla del “mayor escándalo de corrupción del gobierno libertario”. El caso pone en cuestión la promesa central de Javier Milei de “terminar con la casta y la corrupción estatal”, al tiempo que abre un frente de tormenta política en el corazón mismo de la Casa Rosada.