GENERALES | 26 AGO 2025
CONTRADICCIONES DE TERRA IGNIS
La Dra. Carro es Síndica Titular, aunque le niegan la fiscalización
La empresa estatal Terra Ignis Energía S.A. volvió a quedar en el centro de la polémica tras una serie de maniobras contradictorias respecto de la Sindicatura designada por la Legislatura Provincial. Quedó revelado que la Dra. Constanza Carro es la síndica titular a pesar de lo que declare el presidente de la sociedad, Maximiliano D’Alessio.
USHUAIA.- En los últimos meses, el presidente de la sociedad, Maximiliano D’Alessio, afirmó en reiteradas oportunidades que la Dra. Ana Constanza Carro había sido removida de su cargo como Síndica Titular en una supuesta asamblea extraordinaria y por ese motivo no se le permite fiscalizar, asegurando incluso contar con un acta de accionistas que respaldaba esa decisión.
Sin embargo y de manera sorprendente, Maximiliano D’Alessio declaró recientemente lo contrario cuando debió informar al órgano regulatorio, la Inspección General de Justicia (IGJ) que en efecto, la Dra. Carro era y es la síndica titular designada por la Legislatura. Así consta en los edictos ordenados por IGJ y publicados en el Boletín Oficial Nº 5897 del 18 de agosto de 2025, de donde se acredita oficialmente que Carro es Síndica Titular de Terra Ignis S.A.
Esta situación revela una conducta contradictoria inexplicable de Maximiliano D’Alessio ya que, ante la Legislatura, declaró exactamente lo contrario.
El episodio desnuda una nueva irregularidad en el seno de la empresa de capitales estatales, mientras la máxima autoridad societaria niega la continuidad de la síndica y le impide fiscalizar el organismo de control administrativo le reconoce la vigencia en sus funciones.
Pero lo más grave es que, pese a esta ratificación oficial, la Sindicatura sigue sin poder ejercer sus tareas de fiscalización y la empresa aún se encuentra en estado “irregular” ante la IGJ. Carro denunció que no se le ha permitido acceder a la documentación societaria y contable correspondiente al ejercicio 2024, incumpliendo los deberes de información y transparencia que establece la Ley General de Sociedades.
En una comunicación dirigida a la Presidencia, la síndica advirtió que la obstaculización deliberada de su labor constituye una conducta antijurídica que genera perjuicios directos a la sociedad y podría configurar el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal).
De este modo, Terra Ignis no solo queda nuevamente envuelta en un episodio de confusión institucional, sino que además enfrenta cuestionamientos sobre la falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos y la resistencia a los controles legales que debe garantizar.
