2023: $14.192 millones
2024: $67.808 millones
2025: $91.488 millones (tras un recorte sobre el proyecto original de $99.568 millones)
2026: $122.283 millones
La tendencia refleja una curva ascendente con incrementos interanuales que rondan el 35% en los últimos dos ejercicios, consolidando un fuerte peso de la masa salarial como eje casi excluyente del gasto.
Mientras los números crecen, la percepción ciudadana se mantiene en rojo. En la calle, la Justicia fueguina es señalada como lenta, burocrática e ineficiente. Los reclamos se centran en:
Demoras procesales que afectan a víctimas y a imputados por igual.
Falta de respuestas ágiles en temas cotidianos, desde cuestiones laborales hasta conflictos familiares.
Sensación de lejanía: un Poder Judicial con presupuesto millonario pero distante de las necesidades reales de la sociedad.
Que casi 9 de cada 10 pesos se destinen a sueldos genera interrogantes: ¿cuánto del dinero invertido se traduce en un mejor servicio de justicia? La comunidad observa que la expansión presupuestaria no se refleja en mayor acceso, rapidez o transparencia, sino en una estructura que se retroalimenta sin mostrar cambios visibles.
La discusión que se abre es clara: ¿alcanza con aumentar los fondos para mejorar la Justicia fueguina? Para muchos vecinos y profesionales del derecho, la respuesta es negativa. Sin reformas de gestión, modernización real y un compromiso de cercanía con la ciudadanía, los millones presupuestados seguirán contrastando con la sensación dominante: una Justicia que cuesta cada vez más, pero que rinde cada vez menos.