La respuesta oficial a la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires fue, en los hechos, una decisión por la continuidad: el Presidente decidió no renunciar al rumbo ni a la mayor parte del equipo que vino tomando las decisiones políticas y electorales. El resultado fue un relanzamiento táctico con nombres conocidos: la conformación de una “mesa política nacional”, una mesa de diálogo “federal” con gobernadores y una “mesa ampliada” para la provincia de Buenos Aires, según comunicó el vocero Manuel Adorni.
El mensaje central de la Casa Rosada fue doble: por un lado, mostrar que hay reacción y reorganización; por el otro, transmitir que no habrá una purga de cuadros pese al traspié. La mesa nacional, que estará presidida por Adorni, reunirá a Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni. Notoriamente ausente en ese listado figura Eduardo “Lule” Menem, cuya permanencia en encuentros previos había sido objeto de controversia por su vinculación al escándalo en ANDIS, según las fuentes internas citadas por la Presidencia.
El esquema anunciado mantiene a varios de los protagonistas centrales —los Menem, Pareja— y sólo busca, en apariencia, diluir responsabilidades puntuales mediante la ampliación y el “renombramiento” de instancias. Sebastián Pareja, señalado por críticos internos como el responsable de la mala lectura y la estrategia en la provincia de Buenos Aires, habría sido ratificado en su rol pero con la promesa de una mesa bonaerense “ampliada” donde ingresarán más actores del PRO y referentes territoriales —entre ellos intendentes como Diego Valenzuela— que reduzcan su poder efectivo.
En paralelo, Guillermo Francos fue instruido para convocar la mesa de diálogo federal: un gesto dirigido a recuperar relación con gobernadores a los que la Casa Rosada admitió haber “deteriorado” durante los dos primeros años de gestión. Fuentes del gobierno admiten que ese repliegue fue un error táctico, y sostienen que la agenda ahora es “retomar el diálogo con los gobernadores, volver a la política y a trabajar en conjunto”.
La iniciativa busca recomponer puentes con mandatarios provinciales que no ocultaron su malestar. En un Zoom entre gobernadores del espacio “Provincias Unidas” participaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y, por primera vez, Gustavo Valdés (Corrientes), quien advirtió que al Gobierno “le hace falta más humildad y sensatez para escuchar al interior del país”. La incorporación de Valdés es simbólica: uno de los mandatarios más críticos dejó abierta la puerta al diálogo pero puso condiciones claras sobre actitud y método.
El obstáculo no es menor: varios gobernadores se mostraron ofendidos por cierres de listas y decisiones centralizadas que, según sus quejas, se tomaron sin consulta y con recortes presupuestarios que castigaron a las provincias. Esa combinación alimentó la fragmentación territorial que terminó por volcar resultados adversos en distritos clave.
Dentro del Gobierno, la contraposición es palpable: un sector exige mantener la línea de ajuste y coherencia ideológica que caracterizó la gestión; otro reclama pragmatismo y la reconstrucción de alianzas con los gobernadores para no terminar aislados en el Congreso y en el territorio. El propio Presidente, según señalaron en público y en privado sus voceros, ratificó que no dará “ni un milímetro” en su política de ajuste e incluso anunció que la acelerará. Esa postura confronta con la necesidad práctica de “amigarse” con los gobernadores si realmente se pretende cambiar el cuadro político de cara a octubre.
La tensión es evidente: ¿cómo negociar con mandatarios exasperados por recortes sin flexibilizar una agenda económica que el núcleo del Gobierno considera innegociable? Esa contradicción será, probablemente, el eje de las próximas semanas.
Políticamente, la operación de la Casa Rosada tiene lógica defensiva: evita sacudones intempestivos que puedan interpretarse como confesión de error y busca abrir canales que aporten gobernabilidad. Pero desde lo estratégico —y especialmente pensando en octubre— hay riesgos claros. Mantener a referentes que perdieron responsabilidad política sin un giro de fondo en métodos y mensajes puede profundizar la narrativa de desconexión con el territorio y con las necesidades locales. Además, la exclusión de “Lule” Menem podría ser un gesto puntual ante escándalos y presiones, pero por sí sola no resuelve la percepción de desmanejo que criticaron gobernadores y sectores del propio espacio.
En el corto plazo la reducción de poder de Pareja y la inclusión de más referentes PRO y intendentes en la mesa bonaerense buscan una foto de unidad y pluralidad; en la práctica, serán las decisiones concretas y la capacidad de la Casa Rosada de ofrecer alivios o acuerdos tangibles lo que definirá si la estrategia rinde frutos electorales.
La apuesta oficial es por la continuidad con ajustes cosméticos: mesas renombradas, reparto ampliado de responsabilidades y un llamado público al diálogo federal. Pero las señales internas y externas muestran que la Casa Rosada habrá de lidiar con una ecuación difícil: sostener una política de ajuste duro mientras busca recomponer lazos con gobernadores molestos y recuperar terreno en una provincia donde la elección dejó heridas políticas profundas.