Causa Leonelli: el cierre judicial que deja abiertas las sospechas de encubrimiento

La decisión, basada en una pericia informática que concluyó que no existió delito, llega sin embargo en medio de una cadena de irregularidades que deja más dudas que certezas: desaparición de pruebas, quiebre de la cadena de custodia y la intervención de jueces con posibles conflictos de intereses.

Origen: un alerta internacional y los allanamientos

El expediente se inició a partir de un reporte del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, que detectó actividad vinculada a material de abuso sexual infantil desde una dirección IP de Ushuaia. Ese aviso derivó en allanamientos en el domicilio y el despacho de Leonelli, con secuestro de dispositivos electrónicos y copias de respaldo.

La clave de la resolución judicial fue una pericia informática realizada el 5 de septiembre, que determinó que en abril de este año el magistrado subió miles de archivos laborales a su cuenta de Google Drive personal. Entre ellos se detectaron imágenes de un expediente por abuso infantil tramitado en 2016, cuando Leonelli ejercía como juez en Río Grande.

Lo que se probó (y lo que no)

La pericia acreditó tres puntos:

• Las imágenes existían y estaban alojadas en la cuenta personal del magistrado.

• Eran coincidentes con un expediente judicial archivado en 2016.

• Ingresaron a la nube en una carga masiva del 15 de abril.

Pero la resolución judicial omitió responder preguntas de fondo: ¿por qué material de extrema sensibilidad terminó en una cuenta personal?, ¿quién garantizó la custodia de esas pruebas?, ¿qué controles fallaron para que permanecieran años fuera de los protocolos oficiales?

Pruebas desaparecidas y cadena de custodia rota

Uno de los aspectos más graves fue la desaparición de dos CDs con evidencia, que según registros internos llegaron “sellados y en perfecto estado” a la Mesa de Entradas, pero nunca aparecieron en el área de destino.
El memorando que deja constancia de la recepción y posterior ausencia de los discos confirma que la ruptura de la cadena de custodia ocurrió dentro del propio edificio judicial. A pesar de ello, no se abrieron sumarios internos ni se brindaron explicaciones públicas.

Conflictos de interés: jueces que votan siendo socios

La intervención de la Cámara de Apelaciones profundizó las sospechas. La nulidad de peritajes clave fue votada por magistrados cuestionados por sus vínculos comerciales con Leonelli en emprendimientos inmobiliarios locales. Para juristas y abogados independientes, se trata de un conflicto de interés de manual que debió haber generado excusaciones automáticas.

El cierre del expediente

La fiscal especializada consideró que no existían elementos suficientes para sostener un delito doloso y pidió el archivo, lo que fue convalidado por la jueza Barrionuevo. Para sectores de la sociedad civil y referentes jurídicos, la resolución constituye un cierre prematuro que protege más al sistema judicial que a la ciudadanía.

Voces divididas

• Defensa: el abogado Gustavo Ariznavarreta afirmó que se trató de una “confusión técnica” y que las imágenes eran parte de un expediente de 2016.

• Críticos: juristas como Jorge Pintos sostienen que la sola tenencia constituye un delito y que el caso expuso “negocios cruzados, encubrimientos y silencios” dentro de la Justicia fueguina.

• ¿Quién sustrajo los CDs y por qué no hay sumarios internos?

• ¿Por qué un juez con vínculos comerciales votó en el caso sin excusarse?

• ¿Qué protocolos existen para resguardar pruebas digitales de abuso infantil?

• ¿Por qué el Consejo de la Magistratura no fue notificado inmediatamente?

Lo que deja el caso

El archivo formal de la causa Leonelli ofrece una radiografía preocupante: pruebas desaparecidas dentro del Poder Judicial, magistrados votando con posibles incompatibilidades y una conclusión que, lejos de disipar dudas, fortalece la idea de autoprotección institucional.

Hasta que no haya sumarios, sanciones y reformas concretas —como una cadena de custodia digital inviolable, protocolos de incompatibilidad y pericias externas independientes—, la percepción será una: la Justicia se blindó a sí misma, dejando desprotegida a la sociedad y a las infancias que debía resguardar.