GENERALES | 16 SEP 2025
SIEMPRE CON LOS MáS VULNERABLES
RUPE: Gobierno recorta a los discapacitados mientras engorda la planta política
En Tierra del Fuego, el ajuste tiene nombre y apellido: los discapacitados. Mientras el Gobierno provincial avanza con un operativo de “revisión” de las pensiones RUPE (Régimen Único de Pensiones Especiales, Ley 48), que en los hechos significa bajas masivas de beneficiarios, la política sigue mostrando un doble estándar: los recortes caen sobre los más frágiles, pero no sobre la planta política, que no deja de crecer.
La nueva modalidad impuesta por el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia obliga a todos los beneficiarios a someterse a evaluaciones que, según denuncian familiares y organizaciones, buscan reducir porcentajes de incapacidad para dar de baja las pensiones. En la práctica, personas que apenas sobreviven con un ingreso que ronda los 500 mil pesos —dinero que muchas veces se destina a costear tratamientos médicos o, simplemente, a llenar la olla— se encuentran hoy frente a la amenaza de perderlo todo.
Personas que hasta hace poco contaban con un 65% (o más) de incapacidad certificado en las evaluaciones médicas oficiales —como exige la propia ley—, de pronto en este nuevo trámite aparecen con porcentajes mucho menores. La situación plantea un absurdo: o bien se mintió antes en las evaluaciones, o en Tierra del Fuego está ocurriendo un “milagro” inédito donde, mágicamente, los discapacitados se recuperan de un día para otro.
Mientras tanto, el propio Estado incorpora familiares, amigos y militantes a cargos políticos, muchos de los cuales no tienen funciones claras ni responsabilidades efectivas. Así, el discurso del “achique” se convierte en una paradoja: no se ajusta donde hay privilegios, sino donde hay necesidad.
La indignación crece entre las familias afectadas, que ven cómo se las somete a un proceso burocrático desgastante y humillante, sin canales claros de apelación ni garantías mínimas. “El ajuste se hace con los discapacitados, no con los funcionarios”, repiten en las calles quienes se movilizan para frenar esta avanzada que consideran un atropello a los derechos humanos básicos.
El contraste es evidente: mientras se recortan pensiones que garantizan la subsistencia de personas con discapacidad, el gasto político sigue intacto. La pregunta que surge es inevitable: ¿por qué los costos de la crisis deben pagarlos quienes menos tienen y no aquellos que viven de la política?
En un contexto social y económico crítico, el mensaje que transmite el Gobierno provincial es demoledor: en vez de cuidar a los más vulnerables, decide empujarlos a una mayor fragilidad. Y todo, mientras se protege a una estructura política que parece intocable.
