La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) avanza en un nuevo régimen especial de regularización de deudas tributarias en la provincia, en un contexto de fuerte recesión económica a nivel nacional. El proyecto ya fue remitido al Ministerio de Economía y se espera que en breve ingrese a la Legislatura para su tratamiento.
Juan Martín Fernández, abogado y director general técnico institucional de la AREF, precisó que la moratoria permitirá saldar obligaciones vencidas con beneficios importantes en intereses, recargos y multas. “La remisión de intereses para quienes estén encuadrados como pequeños contribuyentes será del 100% si se opta por el pago en una sola cuota”, señaló en FM Master´s.
El funcionario explicó que la propuesta diferencia a pequeños y grandes contribuyentes. Estos últimos —definidos como aquellos con una base imponible superior a los 2.000 millones de pesos en los últimos 12 meses— podrán acceder a una condonación parcial. “En el caso de pago único, el beneficio alcanzará el 50% de los intereses adeudados”, indicó.
En cuanto a los planes de pago, Fernández precisó que se establecerá un tope de interés que no superará el 2,5% en ninguna modalidad. Los pequeños contribuyentes podrán acceder hasta 60 cuotas, mientras que los grandes tendrán un máximo de 36. “Los beneficios van disminuyendo a medida que se extiende el número de cuotas elegidas”, detalló.
De acuerdo con las proyecciones de la AREF, entre 1.500 y 1.700 contribuyentes podrían acogerse al régimen, lo que representa entre un 5% y un 7% del total de la base tributaria provincial. Ese universo incluye a personas físicas, pequeños comerciantes y empresas.
Respecto del impacto en las cuentas públicas, Fernández aclaró que la medida no está pensada con un fin meramente recaudatorio. “Se trata de una herramienta que apunta más al alivio que a la recaudación. Es un instrumento útil para ayudar a quienes están en dificultades a mantenerse al día”, afirmó.
Fernández, subrayó que el proyecto también responde a pedidos de distintos sectores productivos, comerciales y de servicios que reclamaron alternativas para afrontar sus compromisos. Según adelantó, la iniciativa podría ser tratada por la Legislatura en noviembre o diciembre, salvo que se convoque a una sesión extraordinaria. “No debería generar grandes polémicas, porque es una herramienta en favor de la sostenibilidad de la actividad privada”, concluyó.