Denuncia del Sindicato de Luz y Fuerza pone en jaque a la DPE

USHUAIA.- La Dirección Provincial de Energía (DPE) se encuentra en el centro de una nueva controversia. El Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia formalizó una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de combustible, un planteo que expone una compleja trama de decisiones administrativas y sospechas de manejos poco transparentes.

La presentación, realizada por el secretario seccional en Ushuaia, Pedro Leonardo Brangeri, apunta a un millonario pago de 2.000 millones de pesos a la empresa Sullair S.A., a pesar de que la DPE, según el gremio, no tendría ningún vínculo contractual con dicha firma.

Brangeri, quien había adelantado la situación en un diálogo con Radio Provincia, puso el foco en un conflicto de intereses que, a su juicio, compromete la ética pública: la doble función de la actual ministra de Obras y Energía, Gabriela Castillo.

La funcionaria no solo está a cargo de las carteras ministeriales de las que depende la DPE, sino que también es representante en el directorio de la empresa Terra Ignis, la cual, según se indica, sí tiene un vínculo contractual con Sullair S.A. Esta superposición de roles, ya observada en el pasado por la abogada Carro, levanta serias sospechas sobre la toma de decisiones. El sindicato entiende que la ministra, desde una posición de poder, dio la orden de que la DPE se hiciera cargo de un pago que no le correspondía, asumiendo una responsabilidad que no era propia del organismo.

La denuncia ante la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas no es un hecho aislado. Brangeri recordó que ya en el pasado han recurrido a la justicia y a los órganos de control ante irregularidades, como la rotura de un camión de combustible en la ruta. En este caso, la alerta provino del propio personal administrativo de la DPE, que advirtió sobre un pedido expreso de la ministra Castillo para que el organismo pagara a Sullair S.A. el combustible que esta le proveía a Terra Ignis.

El personal documentó por escrito su negativa, argumentando que no existía relación contractual que justificara el desembolso. A pesar de estas objeciones y de las advertencias de la auditoría interna, la orden presidencial de avanzar con el pago prevaleció. El sindicato considera que la situación configura un perjuicio económico para la DPE, un "vaciamiento" que beneficia a terceros y que, de fondo, revela una "maniobra que no corresponde".

El gremio también se refirió a las recientes promesas de una nueva central eléctrica para Ushuaia, que se realizaría con capitales chinos y se terminaría en 18 meses. Para Brangeri, este anuncio huele más a un "cuento chino" y a un "anuncio de campaña" que a una realidad. Su escepticismo se basa en la experiencia del pasado, cuando en 2019 la DPE pagó el 10% de un proyecto de reparación de turbinas que nunca se concretó.

El material para dichos trabajos sigue abandonado en la usina. Este historial de proyectos inconclusos, sumado a la falta de consulta a los propios trabajadores de la DPE, que son quienes conocen el territorio, hace dudar de la viabilidad de la iniciativa. El sindicato sospecha que detrás de esta inversión se esconde la intención de privatizar el sector, con la DPE dejando de generar energía para convertirse en un mero intermediario de una empresa privada.

Finalmente, el petitorio presentado ante la justicia no solo busca una investigación penal y administrativa, sino también el deslinde de responsabilidades de los trabajadores. Brangeri explicó que el personal administrativo advirtió de la irregularidad y dejó asentado por escrito que el pago no correspondía, por lo que no deberían ser implicados en la causa.

El Sindicato de Luz y Fuerza, con esta denuncia, busca que se esclarezca un hecho que, a su entender, es "un delito" y una maniobra de vaciamiento que afecta el patrimonio de la DPE y se presta a todo tipo de "interpretaciones" por la falta de transparencia.