Chaperón defendió las RUPE, negó atrasos y pidió “poner límites” al uso de prestaciones

En comunicación con FM Provincia, la funcionaria admitió que el escenario provincial es tenso por el impacto de la crisis nacional y una caída simultánea de coparticipación e ingresos propios. “Los momentos de crisis siempre pasan; los que la pasan peor son los más vulnerables”, dijo al describir que su cartera afronta pedidos cada vez más diversos: pasajes, alquileres, sepelios, materiales y asistencia tras incendios, entre otros.

Sobre las pensiones RUPE, Chaperón negó que no hayan tenido recomposición. “No es cierto que las RUPE no tengan aumento: están atadas a la categoría 10 de Gobierno”, afirmó. Precisó que en octubre se aplicará “un 4%” adicional “**que lleva la pensión a casi $564.000” y que el Ejecutivo trasladó sumas fijas y bonos otorgados a los activos “en la misma proporción”, aun cuando la ley solo exige actualizar por categoría 10. “Me parece muy injusto no reconocer lo que se ha hecho, aunque falte mucho por hacer”, planteó.

Explicó que, como las RUPE se liquidan antes que los sueldos de la Administración Pública, las paritarias firmadas a inicios de mes pueden ingresar por boleta complementaria o “en algún punto con el aguinaldo”. Añadió que se consultó al Ministerio de Economía por una última suma fija asociada a atrasos de los activos “que no se estaría reflejando” todavía en RUPE, a la espera de una definición técnica.

Chaperón defendió además la revisión anual de padrones que ordena la ley. “No estamos dando de baja pensiones porque no hay dinero”, subrayó, y detalló que se detectaron ingresos o jubilaciones no declaradas. Recordó que, al cumplir 18 años, los beneficiarios pasan a un baremo laboral: “Muchísimos pueden trabajar. El punto es conseguir los lugares de trabajo”.

En esa línea, informó que el Ministerio impulsa inclusión laboral en el Estado y en empresas privadas, con capacitaciones y relevamiento de capacidades específicas. Mencionó el trabajo con el médico Sergio Starten para entrenar equipos en autismo y armar talleres de preparación laboral. “Muchos no quieren cobrar nada: quieren trabajar”, afirmó.

La ministra pidió uso responsable de los recursos sanitarios y sociales. Señaló que en el primer semestre se volcaron más de $2.600 millones a prestaciones en el sector privado, además de la cobertura pública, y cuestionó consumos desmedidos: “Es incomprensible que una persona tenga más de 38 consultas en los primeros cuatro meses del año; hay que poner límites”.

También destacó políticas por encima del estándar nacional, como el pago de pensiones por discapacidad a niños en Tierra del Fuego. “Esto no ocurre en otras provincias”, dijo, y remarcó que la información de liquidaciones es pública, auditada por el Tribunal de Cuentas y la Universidad. “Invito a quien quiera a ver cómo se hace la liquidación y dónde están incorporados estos montos”, ofreció.

Finalmente, se refirió al conflicto en un centro infantil por un reclamo para llevar a 100% un adicional específico. “Eso no va a ocurrir”, sostuvo, y cuestionó denuncias edilicias que —según dijo— operan como presión gremial. “Con los carteles no castigan a la ministra Chaperón; castigan a los niños y a los papás”, afirmó. Recalcó que los edificios “tienen más de 40 años” y que el presupuesto es acotado, aunque siguen ejecutando reparaciones. “Soy muy frontal: nunca me comprometo a cosas que no puedo cumplir”, cerró.