Increíble: De ser condena por título falso, a jubilarse en el Estado

La historia de María Adela Calchaquí —ex diputada nacional y funcionaria— es un caso que desnuda cómo la política fueguina protege a dirigentes condenados por delitos contra el Estado y les garantiza privilegios que escandalizan a la ciudadanía.

En los años ’90, Calchaquí fue procesada y luego condenada por el uso de un certificado secundario apócrifo, lo que le permitió percibir un adicional salarial que no le correspondía. La causa, caratulada como “uso de instrumento público falso y defraudación a la administración pública”, concluyó con una condena de prisión en suspenso.

Si bien con el tiempo el Superior Tribunal de Justicia declaró la prescripción de la acción penal, los hechos quedaron acreditados judicialmente y expusieron un claro perjuicio económico para el Estado provincial.

Lejos de quedar marginada, la dirigente justicialista logró permanecer dentro del aparato estatal bajo distintas modalidades. Incluso, en el Concejo Deliberante de Ushuaia, el concejal del PJ Nicolás Pelloli la tuvo como "asesora" adscripta, lo que le permitió continuar cobrando del Estado con bajo perfil, resguardada de la mirada pública.

Este esquema se mantuvo hasta abril de este año, cuando el gobierno provincial autorizó su incorporación como agente dentro del Ministerio de Bienestar. La decisión desató críticas por reinsertar en el Estado a una persona con antecedentes de defraudación.

Finalmente, el 24 de septiembre se oficializó su renuncia a esa dependencia, aunque el desenlace no elimina la controversia principal: Calchaquí reúne los requisitos para jubilarse como empleada estatal, asegurándose un beneficio previsional solventado con fondos públicos.

El caso vuelve a encender las alarmas sobre las falencias en los mecanismos de control, la ausencia de sanciones administrativas que acompañen a las judiciales y la red de protección política que permite a dirigentes con condenas reincorporarse sin trabas al Estado. Mientras tanto, miles de fueguinos cumplen con aportes y obligaciones estrictas, viendo cómo figuras cuestionadas logran blindarse y garantizarse su jubilación.