Se agotó el cupo de USD 7.000 millones: retroceso con retenciones al agro

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó este miércoles que se alcanzó el límite de USD 7.000 millones establecido por el decreto 682/2025 para exportar granos y subproductos sin retenciones. De esta manera, se cerró la posibilidad de registrar nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) bajo ese beneficio, y el sector agroexportador vuelve a tributar con las alícuotas habituales que regían antes de la medida.

El beneficio había sido anunciado por el Gobierno nacional como una herramienta para captar divisas de manera rápida, con un plazo de vigencia hasta el 31 de octubre de este año o hasta agotar el cupo. La velocidad con la que se alcanzó el límite —apenas tres días después de la publicación del decreto— dejó en evidencia la fuerte capacidad de liquidación del sector, que inscribió ventas por más de 11 millones de toneladas en ese breve período.

Con el cierre del cupo, los productos agrícolas retornan al esquema anterior: la soja vuelve a pagar un 26% de retenciones, mientras que maíz y trigo tributarán el 9,5%, entre otros casos. Para el sector, esto significa una pérdida directa de rentabilidad luego de haber aprovechado la ventana de exención.

La medida generó críticas entre productores y operadores del mercado, quienes consideran que el alivio fue demasiado acotado frente al volumen de producción pendiente de exportación. Al mismo tiempo, desde el Gobierno defienden la estrategia como un “éxito fiscal” que permitió sumar dólares en un contexto de fuerte presión cambiaria.

Impacto político, económico y productivo

El cierre anticipado del cupo deja varios efectos: en lo político, evidencia la necesidad del Ejecutivo de sostener reservas a cualquier costo, aún a través de medidas transitorias que generan desconfianza en el campo. En lo económico, marca un alivio momentáneo de divisas pero también el regreso de un esquema impositivo que resta competitividad a las exportaciones. Y en lo productivo, vuelve a tensionar la relación con los productores, que ven en las retenciones una carga estructural que desalienta inversiones y planificación a largo plazo.