Alarma por la crisis textil en Tierra del Fuego: Gobierno, gremios e industrias pidieron respuestas en la CAAE

Con un fuerte llamado de atención sobre el futuro inmediato del sector textil, se desarrolló en la sede local de la Dirección General de Aduanas una nueva reunión de la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE). El encuentro estuvo encabezado por la ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, y contó con la presencia de funcionarios nacionales, autoridades provinciales, representantes de la Unión Industrial Fueguina (UIF), la Cámara Fueguina de la Industria Nacional (CAFIN) y dirigentes gremiales de la UOM y ASIMRA.

Si bien la agenda incluyó cuestiones técnicas relacionadas con acreditaciones de origen, dispensas y autorizaciones de producción, la situación de la industria textil concentró las mayores preocupaciones. Este sector, históricamente radicado en la provincia bajo el subrégimen de promoción industrial, atraviesa un momento crítico debido al endurecimiento de las condiciones fijadas por el Decreto 594/23, que restringe el acceso a beneficios fiscales.

Uno de los casos más sensibles es el de Australtex S.A., que opera bajo una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Río Grande. La resolución judicial suspendió los efectos de la Resolución SIyC Nº 287/24, mientras la empresa denuncia que la Subsecretaría de Gestión Productiva de Nación se niega a reconocer la acreditación de origen de insumos nacionales, impidiéndole acceder a beneficios impositivos para la exportación. La compañía advirtió que esta situación compromete seriamente su continuidad.

El impacto sobre el empleo fue uno de los ejes centrales del debate. La ministra Fernández y representantes de los gremios remarcaron la gravedad de una posible reducción de la actividad, que pondría en riesgo cientos de puestos de trabajo directos e indirectos. “Es imprescindible adoptar medidas urgentes para sostener el empleo y asegurar la permanencia de un sector estratégico para la provincia”, señalaron desde la cartera productiva.

En este marco, se insistió en la necesidad de flexibilizar la exigencia de integración nacional en determinadas acreditaciones de origen, ya que en varios casos no existen proveedores en el país para cubrir la demanda. La propuesta fue acompañada tanto por las empresas como por el Gobierno provincial.

Las cámaras empresarias coincidieron en advertir que la actual normativa no solo amenaza a las textiles, sino que podría desestabilizar al conjunto del entramado industrial fueguino. “La falta de decisiones inmediatas pone en riesgo décadas de desarrollo productivo y deja en la incertidumbre a cientos de familias”, subrayaron desde CAFIN.