GENERALES | 1 OCT 2025
LA POLÉMICA, AHORA EN OTRO ENTE DE GOBIERNO
Antonio Arosteguichar, titular del Ipra acusado de “designaciones de allegados”
El organismo de juego y apuestas de la provincia quedó en el ojo de la tormenta tras la presentación judicial que detalla la supuesta incorporación de su pareja y familiares directos en puestos de la dependencia estatal. Las acusaciones ya están bajo la lupa de la Fiscalía de Estado.
RÍO GRANDE. Un fuerte cimbronazo por la sospecha de nepotismo sacude al Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA). La crisis estalló tras la presentación formal radicada en la Fiscalía de Estado que involucra directamente a su presidente, Antonio Arosteguichar.
La denuncia judicial sostiene que el funcionario de primera línea habría echado mano a su círculo íntimo para otorgar cargos en la dependencia estatal. Entre los casos que quedaron bajo la lupa se menciona la incorporación de Gustavo y Martín Barrios, identificados en el expediente como hijos de su hermana.
En la misma línea, el texto de la presentación detalla la incorporación al organismo de María Inés Amitrano, quien es su conviviente. El documento también cuestiona el ingreso de Diego Pierotti, a quien se lo habría promovido por su relación de amistad con Arosteguichar. La acusación se extiende a la esposa de Pierotti, Andrea Sanchez, cuya designación estaría vinculada a los lazos personales con el titular del ente.
El affaire generó una fuerte conmoción en el ámbito político y social, donde diversos actores ya utilizan la expresión “festival de nepotismo” para calificar la situación en el IPRA, que es uno de los organismos de mayor recaudación propia de la provincia. Si bien ya existían denuncias previas por supuestos malos tratos, este hecho escaló a mayores al formalizarse la presentación ante la Fiscalía de Estado.
Hasta el momento, ni Arosteguichar ni las autoridades del Ejecutivo provincial salieron a dar la cara o emitieron algún comunicado oficial sobre el tenor de la denuncia. El expediente quedó formalmente en manos de la Fiscalía de Estado, organismo que será el encargado de llevar adelante el análisis y la instrucción.
