Según las publicaciones oficiales de mediados de 2024, el programa había alcanzado a unas 3.500 familias en toda la provincia. Hoy, fuentes del propio Ejecutivo admiten que la cifra “se acerca a las 6.000 tarjetas activas”, en una expansión atribuida a “la emergencia económica y la necesidad de dar una respuesta inmediata a las familias”.
No obstante, sectores de la oposición y organizaciones civiles sostienen que el programa se convirtió en una herramienta clientelar, especialmente en Río Grande y Ushuaia, donde la entrega de las tarjetas suele coincidir con actos oficiales y recorridas territoriales del Gobierno.
“Hay una falta total de control y seguimiento. Nadie sabe exactamente a cuántas familias se asiste ni bajo qué criterios se eligen los beneficiarios”, señaló una fuente legislativa consultada.
Desde el Ejecutivo provincial argumentan que la prioridad es garantizar la alimentación básica en un contexto de inflación y caída del empleo privado, y destacan la celeridad del sistema electrónico, que evita intermediarios y permite un uso directo del beneficio.
A pesar de los reiterados pedidos de informes y consultas públicas, las autoridades provinciales no han detallado cuántas tarjetas están efectivamente en circulación ni cuáles son los criterios concretos para determinar qué familias acceden al beneficio. El programa, presentado como una herramienta de contención social, se financia con fondos provinciales y permite a los beneficiarios adquirir alimentos y productos de primera necesidad.
Sin embargo, fuentes consultadas por distintos medios advirtieron que en algunos sectores la entrega del plástico se realiza sin control claro ni mecanismos de evaluación socioeconómica, lo que genera sospechas sobre un posible uso político del programa. En barrios de Río Grande y Ushuaia se repiten testimonios que apuntan a referentes territoriales y punteros vinculados al oficialismo como los encargados de distribuir las tarjetas.