Leonelli impulsa el jury y su abogado denuncia “un patrón de arbitrariedad y abuso de poder”

En declaraciones en FM Del Pueblo, el abogado Gustavo Ariznavarreta, defensor del camarista penal Andrés Leonelli, confirmó que acompañó la presentación del pedido de jury de enjuiciamiento contra la jueza de Instrucción María Cristina Barrionuevo, a quien acusan de “abusos, arbitrariedades y violaciones al debido proceso”. “Solicitamos su destitución porque las irregularidades fueron sistemáticas y dañaron no solo a una persona sino al sistema judicial en su conjunto”, sostuvo.

Ariznavarreta, ex Defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, explicó que la denuncia se basa en una serie de decisiones que la Cámara de Apelaciones revocó por graves errores procesales. “La Cámara resolvió hace apenas dos días una última apelación donde puntualiza irregularidades concretas, dilaciones injustificadas y denegaciones reiteradas de medidas de prueba esenciales. Todo eso forma parte de la prueba que presentamos para pedir este enjuiciamiento”, detalló.

El abogado sostuvo que la causa contra Leonelli, iniciada por un reporte de Missing Children sobre material sensible hallado en una computadora oficial del Poder Judicial, “se trató de un error técnico y no de un delito”.
“Desde el inicio demostramos que esas 62 imágenes correspondían a una causa anterior tramitada en Río Grande, donde Leonelli había actuado como juez de instrucción. El hash —la huella digital única de cada archivo— coincidía exactamente. La propia pericia posterior confirmó que esas imágenes se cargaron automáticamente por defecto en su CPU de trabajo y que nunca fueron abiertas, compartidas ni visualizadas”, explicó.

El defensor cuestionó la decisión de la jueza Barrionuevo de ordenar un allanamiento “grandilocuente y cinematográfico” en el domicilio del magistrado. “Fue una medida innecesaria. Se secuestraron equipos de trabajo, tablets de su esposa, y hasta un teléfono que usaba su hijo para ver dibujos animados. Todo cuando ya se sabía que el origen era una máquina específica del Poder Judicial”, remarcó.

Ariznavarreta enfatizó que la misma jueza actuó con un criterio opuesto en otro caso similar: “Dos años atrás, frente a un reporte idéntico que involucraba a policías, en lugar de allanar, pidió informes y cerró la causa. Con Leonelli eligió el camino más violento y arbitrario”.

Uno de los puntos más graves de la denuncia es el presunto llamado telefónico que la jueza Barrionuevo habría hecho al juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Löffler, minutos antes de ordenar el allanamiento. “Sabemos que ese llamado existió y habría sido atendido por Löffler. Lo que no se hizo fue dejar constancia en el expediente, como exige el código de ética judicial. Si ese contacto ocurrió, debió haber sido registrado. Cualquier actuación de un juez debe ser pública y transparente”, señaló.
Y añadió: “La noticia del allanamiento empezó a circular mientras la policía aún estaba entrando a la casa de Leonelli. Eso demuestra que hubo una filtración que no solo afectó su nombre, sino la credibilidad del sistema judicial”.

El abogado también defendió el derecho del camarista a su buen nombre y honor: “La jueza cerró el caso por vía administrativa, sin dictar el sobreseimiento. Pero el Código Procesal exige que se deje constancia de que el buen nombre y honor de la persona quedan a salvo. Esa omisión prolongó un daño institucional innecesario”.

Finalmente, Ariznavarreta sostuvo que el pedido de jury “no es un acto de revancha, sino un deber institucional”.

“Un juez no puede hacer lo que quiere en un proceso penal; tiene que hacer lo que corresponde, dentro de los parámetros del derecho y el respeto a las personas. Cuando la arbitrariedad se vuelve costumbre, deja de ser un error y pasa a ser abuso de poder”, subrayó.

“La justicia se mide tanto por los fallos que dicta como por el modo en que sus jueces ejercen el poder. Esto no es una cuestión personal: es una crisis de sistema que debe corregirse desde adentro”, concluyó el abogado defensor.