Giménez denunció demora judicial y criticó la desigualdad en la educación y las jubilaciones policiales

En diálogo con FM Provincia, el abogado Francisco Giménez cuestionó la demora judicial en el tratamiento del amparo presentado por padres de la Escuela N.º 32 “Iyu que deja huella”, que busca garantizar el derecho a la educación ante la falta de clases. El expediente, que debía resolverse en 48 horas, acumula más de dos meses de trámite sin una definición.

“El juez decidió incorporar al SUTEF y a la Asociación de Trabajadores del Estado como demandados, lo que demoró más de dos meses la causa”, explicó Giménez. “Nuestra intención nunca fue demandar a los sindicatos. Ellos defienden sus derechos; nosotros defendemos el derecho de los hijos de estos padres a recibir educación”, aclaró.

El abogado remarcó que el único responsable de garantizar el derecho a la educación es el Gobierno provincial. “Esto no es una pelea contra los docentes. Los padres confían en los maestros, pero el responsable es directamente el gobernador”, sostuvo.

Giménez también alertó por el deterioro del sistema educativo: “Los padres se resignaron a la anormalidad. Hay chicos que apenas llegan a 50 días de clase al año, cuando la ley establece un mínimo de 180. Estamos criando una generación semialfabetizada”.

El letrado recordó que muchos de los alumnos actuales cursaron parte de la primaria durante la pandemia, sin clases presenciales, y que las condiciones edilicias y laborales empeoran el panorama. “Antes, una huelga de 48 horas era una tragedia. Hoy parece normal que los chicos no tengan clases. Esa resignación social es una tragedia educativa silenciosa”, advirtió.

Jubilados policiales sin cobrar

Giménez también representa a un grupo de policías exterritoriales que no perciben sus haberes desde mediados de año. “No cobran desde el aguinaldo. La Caja de la Policía dice que no hay fondos, pero la realidad es que plata hay: se la llevan primero los activos”, denunció.

El abogado precisó que se presentaron amparos en Ushuaia y Río Grande, pero algunos fueron rechazados. “En Río Grande el juez Velázquez rechazó el amparo y mandó a juicio ordinario, que puede demorar años. En Ushuaia esperamos una resolución la próxima semana. No estamos hablando de jubilados de privilegio, sino de personas mayores sin obra social, que no pueden costear sus medicamentos”, señaló.

Giménez cuestionó la disparidad de criterios judiciales: “Cuando un juez reclama por su salario, el amparo sale en días; cuando un policía o un padre reclama por educación, la justicia demora meses. Esa desigualdad irrita y explica el desprestigio del Poder Judicial”.

El abogado concluyó que las resoluciones podrían conocerse la próxima semana, pero advirtió que la demora ya dejó secuelas profundas: “La justicia, en lugar de ser una solución, se ha convertido en un obstáculo más que los ciudadanos deben sortear para hacer valer sus derechos”.