Peligran más de 130 puestos de trabajo

El panorama en la industria textil de Tierra del Fuego se complica con la escalada del conflicto entre el sector privado y la administración nacional. Días después de concretar la desvinculación de 30 operarios temporarios y 5 fijos, la firma Sueño Fueguino S.A. emitió un comunicado ratificando que la decisión fue "extremadamente difícil" y adoptada "como última instancia". La medida es la respuesta directa a la imposibilidad de concretar exportaciones, lo que detiene la operatoria de la planta y afecta su cadena de valor.

La grave afectación económica, según el statement de la empresa, es consecuencia directa de la "vulneración de derechos adquiridos bajo la Ley 19.640", el marco legal que sostiene el subrégimen industrial fueguino. Puntualmente, la textil señala al decreto 594/2023 y otras resoluciones derivadas, al considerar que modifican de manera ilegal y sin sustento de jerarquía la legislación que dio origen al desarrollo productivo de la provincia.

Si la situación legal y administrativa "carente de sustento legal" no se revierte en el corto plazo, la empresa advierte que se verá obligada a achicar su producción de forma forzosa. Esta reducción pondría "en riesgo más de 130 puestos de trabajo adicionales y una trayectoria de más de 40 años de producción ininterrumpida" en la provincia, una cifra que agrava la crisis laboral en la región. Actualmente, más de 25 camiones con mercadería terminada permanecen inmovilizados por órdenes de la Secretaría de Industria y la Aduana.

La compañía textil aspira a que se "respeten sus derechos adquiridos" para poder seguir generando empleo y contribuyendo al desarrollo productivo del país, señalando que la voluntad empresaria no es llegar a la instancia de más despidos.

Presión oficial y denuncia de persecución

En la antesala de este comunicado, el abogado Raúl Paderne, representante legal de Sueño Fueguino, había confirmado el despido inicial de los 35 trabajadores, denunciando lo que calificó como un "ataque frontal contra la ley 19.640" y una "persecución directa desde el Gobierno nacional". Paderne apuntó directamente contra el subsecretario de Gestión Productiva de la Nación, Javier Cardini, a quien acusó de actuar "de forma intempestiva e ilegal" al "intimidar con vías de hecho a la Aduana para que no podamos exportar".

El letrado explicó que, a pesar de que la empresa opera bajo una medida cautelar no firme, el funcionario "actúa como si lo estuviera", forzando la situación. Además, Paderne advirtió que otras firmas, como Cordonsed, atraviesan el mismo drama, lo que lo lleva a concluir que "la función de este funcionario es que cierren las textiles". El abogado enfatizó su indignación, al considerar que se está "disponiendo de la vida de los trabajadores" con decisiones tomadas en Buenos Aires sin contemplar el impacto humano.