La Auditoría Nacional que revisó el Puerto de Ushuaia dejó expuesto un problema que se arrastra desde hace tiempo: la planta permanente aumentó, pero los actos administrativos que deberían justificar esos ingresos no están publicados en ningún canal oficial. El informe confirmó 134 agentes, aunque al verificar el Boletín Oficial, el portal Gestión Transparente y las resoluciones disponibles no aparece ninguna designación reciente que explique cómo se sumó ese personal. Incluso dentro de la propia DPP reconocen que la mayoría de quienes ingresaron no figuran en ningún registro público, una situación que contradice las obligaciones administrativas de cualquier organismo estatal.
Entre los casos señalados, trabajadores del Puerto apuntan especialmente al ingreso directo de un amigo de la secundaria del hijo del presidente del ente. Su incorporación a planta permanente, sin antecedentes en el sector y sin documentación disponible, se convirtió en un símbolo de lo que describen como un mecanismo de designaciones discrecionales. El tema circula desde hace semanas y generó malestar en distintas áreas operativas.
Los reclamos, sin embargo, no se dirigen solo a la conducción del Puerto. Un grupo de empleados cuestiona directamente a ATE y UPCN, gremios que firmaron el Convenio Colectivo de Trabajo de la DPP, pero que según los trabajadores “no controlan, no intervienen y dejan pasar los ingresos por la ventana”. Para muchos, los sindicatos actúan con silencio o indiferencia frente a designaciones que deberían ser revisadas, exigir documentación o reclamar el cumplimiento de los procedimientos. “El convenio está para cumplirse, pero acá nadie lo hace cumplir. Y las instituciones que deberían controlar tampoco dicen nada”, expresó un trabajador con años de servicio.
La revisión de los portales oficiales refuerza estas críticas. No hay concursos publicados, no hay resoluciones de ingreso y no existe documentación respaldatoria. Los actos administrativos que deberían acompañar cada designación no están disponibles y nadie explica por qué. Para los empleados, esta falta de información no solo vulnera el convenio colectivo, sino que además deja en evidencia un funcionamiento interno basado en relaciones personales y no en procedimientos formales.