Sin estado parlamentario, se tratará el presupuesto 2026 al límite de la legalidad

USHUAIA.- El bloque oficialista PJ–FORJA tomó la determinación de iniciar el tratamiento de la Pauta de Gastos 2026. La discusión comenzó este martes en la Comisión Nº 2, a pesar de que la iniciativa carece aún del necesario estado parlamentario. El legislador Federico Sciurano, presidente de la comisión, convalidó la movida al habilitar el debate aun cuando el proyecto no cumplió con el mecanismo formal de ingreso a la Legislatura. Esta decisión institucional roza la inconstitucionalidad porque permite avanzar sobre un texto que no superó el control que exigen tanto la Constitución provincial como el reglamento interno de la Cámara. El Presupuesto prevé un gasto total de $2,28 billones, financiado por recursos estimados en $2,23 billones.

La decisión de acelerar el tratamiento sin la sesión previa expuso no solamente las irregularidades de procedimiento, sino también las profundas fricciones que atraviesan las filas del PJ–FORJA. Allí conviven sectores que ejercen presión para agilizar votaciones clave y otros que optaban por preservar las formas institucionales para evitar un desgaste político innecesario. La Ley de Leyes 2026, si bien se presentó con un resultado económico acomodado de $39.752 millones, está fuertemente condicionada por un cuantioso déficit financiero de $49.192 millones. El debate se ha transformado así en un nuevo escenario para la medición de fuerzas y el reacomodo de intereses dentro del oficialismo.

Para que cualquier proyecto de ley pueda ser analizado, la Legislatura debe sesionar y otorgarle el estado parlamentario. Sin ese trámite indispensable, el texto no tiene ninguna existencia formal dentro del proceso legislativo. A pesar de esa exigencia, la Comisión Nº 2, que es dominada por el bloque PJ–FORJA, recibió instrucciones directas del gobernador Gustavo Melella para avanzar en la discusión sin esperar el ingreso formal del expediente. La figura de Sciurano resultó fundamental en esta coyuntura. Como máxima autoridad de la comisión, Sciurano tenía la obligación de asegurar que el debate se iniciara sobre un proyecto válido, sin embargo optó por habilitar el análisis sin exigir la sesión previa correspondiente.

La actitud del legislador Sciurano suscitó comentarios mordaces en los pasillos de la Cámara, especialmente entre aquellos que conocen las históricas tensiones internas del oficialismo. Diversos sectores dentro de PJ–FORJA interpretan la jugada de Sciurano como la de un aliado de circunstancia, funcional para sostener decisiones que, en el ajedrez político, requieren de una rapidez inusual por sobre la rigurosidad institucional.

Este procedimiento irregular abrió un intenso debate de índole constitucional respecto a la validez del tratamiento, dado que el texto todavía no ha ingresado formalmente al trámite legislativo. El interrogante central es si la Legislatura puede analizar un documento que legalmente no ha adquirido existencia parlamentaria. Para las bancadas de la oposición, la respuesta es tajante. Señalan que este accionar constituye un salto institucional difícil de justificar, que además sienta un precedente riesgoso al habilitar que cualquier proyecto avance sin el control formal exigido por las normas.

Mientras se dirime la controversia, la agenda de trabajo de la comisión sigue su cauce. A lo largo de noviembre, la Comisión 2 convocará a funcionarios de Jefatura de Gabinete, Economía, AREF, Salud, Producción, Educación, OSEF, Obras Públicas, Energía, INFUETUR, Puertos, la Caja de Previsión Social (CPS), el Tribunal de Cuentas y el Poder Judicial, entre otros organismos. Todos los citados deberán defender sus partidas y justificar sus gastos sobre un documento que, técnicamente, aún se encuentra fuera del proceso legislativo formal.