El 2025 quedará marcado en la historia reciente de Tierra del Fuego como el año en que su estructura económica empezó a resquebrajarse. Las políticas nacionales de “normalización” económica, la caída del consumo interno y la quita de beneficios al régimen industrial provocaron un retroceso sin precedentes en la producción y el empleo. Las consecuencias se sienten con fuerza en las calles de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia: fábricas con actividad reducida, comercios con persianas bajas y una nueva legión de trabajadores que buscan en la informalidad —particularmente en plataformas como Uber o deliverys— una salida desesperada ante la falta de oportunidades.
El polo industrial fueguino, basado principalmente en la producción electrónica, plástica y de electrodomésticos, vivió su peor año en más de una década. La combinación de menor demanda nacional, suba de costos logísticos y energéticos, y la incertidumbre respecto del régimen de promoción fiscal derivó en un fuerte ajuste de las empresas.
Durante buena parte del año, la mayoría de las plantas operaron por debajo del 50% de su capacidad, con reducción de turnos, suspensión de personal y congelamiento de contrataciones.
La caída de la producción se tradujo en una disminución significativa del empleo formal. Miles de trabajadores se vieron obligados a aceptar suspensiones, retiros voluntarios o la pérdida directa de su fuente laboral. Detrás de cada número hay una historia de inestabilidad y angustia familiar: personas que durante años encontraron en la industria un horizonte de estabilidad y hoy enfrentan la precariedad y la incertidumbre diaria.
La retracción industrial generó un efecto en cadena. Los comercios, talleres y proveedores que dependen del consumo de los trabajadores fabriles vieron caer drásticamente sus ingresos. La menor circulación de dinero afectó la actividad en todos los rubros: gastronomía, transporte, hotelería, servicios técnicos y pequeñas constructoras.
La recaudación provincial también sintió el golpe, mientras que aumentó la demanda sobre el sistema de asistencia social municipal y provincial.
En ciudades acostumbradas a un alto nivel de empleo registrado, el fenómeno encendió una alarma: la pobreza dejó de ser un dato estadístico y pasó a sentirse en el día a día.
En medio de este escenario, emergió un fenómeno que ilustra mejor que ningún otro el cambio de época: la proliferación de conductores de aplicaciones de transporte, principalmente Uber, aunque también de plataformas de reparto y mensajería.
En Río Grande y Ushuaia, los autos con distintivos de aplicación se multiplicaron en cuestión de meses. Muchos de sus conductores son técnicos, operarios o administrativos que hasta hace poco trabajaban en la industria y hoy manejan durante largas jornadas para cubrir gastos básicos.
Lo que antes era una actividad complementaria, se transformó en el refugio económico de cientos de familias. No obstante, el crecimiento de este trabajo informal acarrea nuevos problemas: ausencia de cobertura médica, falta de aportes previsionales, inseguridad jurídica y una competencia creciente que reduce los ingresos por hora.
El fenómeno no sólo revela la magnitud de la crisis laboral, sino también la reconfiguración social de una provincia que alguna vez se pensó industrial y hoy enfrenta el dilema de cómo sostener a su población activa.
La provincia fueguina construyó su identidad económica sobre la base de un régimen industrial que, con sus altibajos, garantizó durante décadas empleo formal, salarios por encima del promedio nacional y una movilidad social ascendente.
Pero el 2025 expuso las grietas de ese modelo: la dependencia casi absoluta del ensamblado electrónico, los altos costos logísticos y la falta de diversificación productiva. La eliminación de aranceles a productos importados, sumada a la reducción progresiva de subsidios energéticos, acentuó la pérdida de competitividad y dejó a la industria local en una posición crítica frente al mercado nacional.
En ese contexto, los indicadores sociales comenzaron a deteriorarse. La desocupación creció, los niveles de endeudamiento familiar se dispararon y la informalidad laboral alcanzó cifras impensadas para la región más austral del país.
La realidad fueguina de hoy no es sólo el resultado de un año adverso, sino el síntoma de un proceso estructural más profundo. La transición hacia un nuevo modelo económico, menos dependiente de los incentivos fiscales y más orientado a la diversificación, será un desafío complejo que exigirá planificación, inversión pública y acuerdos políticos duraderos.
Mientras tanto, la provincia asiste a una transformación silenciosa: de la fábrica al volante, del empleo estable al rebusque diario, del modelo industrial protegido a la intemperie del mercado global.
En ese tránsito, Tierra del Fuego se enfrenta a la difícil tarea de reinventarse sin dejar atrás a su gente. Porque más allá de los números y las estadísticas, lo que está en juego es el futuro de una comunidad que durante años fue sinónimo de trabajo, arraigo y esperanza.