El proyecto de Presupuesto 2026 para la provincia más austral de la Argentina plantea un gasto de $2,28 billones, con un déficit estimado en $49 000 millones y un pedido de endeudamiento que ronda los $30 000 millones. Este monto requiere de al menos dos tercios de la Cámara Legislativa para su aprobación, lo que convierte el actual contexto político en un factor crítico.
Aunque el Ejecutivo cuenta con la mayoría necesaria, tiene puestos los ojos en una Legislatura donde el oficialismo perdió terreno en las recientes elecciones y enfrenta bloques críticos al endeudamiento. En 2024 ya había intentado tomar deuda y fue rechazada. Ahora vuelve a la carga con una apuesta que combina obras clave en vivienda, salud, energía, agua y saneamiento, junto con el objetivo declarado de «acompañar a los más golpeados».
Pero el escenario interno es complejo:
El comienzo del debate se vio postergado por falta de quórum, lo que evidencia falta de coordinación entre funcionarios y legisladores.
La relación con el Gobierno nacional se encuentra atravesada por fuertes tensiones: Melella fue excluido de la última ronda de gobernadores convocada por Javier Milei, lo que deja a Tierra del Fuego con menor margen de negociación en términos de recursos federales.
Asimismo, la industria local, que venía sosteniendo empleo y recaudación, registra una caída estrepitosa que debilita la base económica provincial y hace más incierta la capacidad de repago de nueva deuda.
El presupuesto proyecta ingresos por $2,23 billones, sin aumentos de alícuotas, lo que indica una apuesta por mantener la carga tributaria estable. Un 59% de los gastos se destinarán a servicios sociales —educación, salud, seguridad social— y cerca del 29% al funcionamiento del Estado, mientras que la deuda pública y servicios asociados absorberán buena parte del resto.
La parte de deuda suma: se prevé un servicio de deuda para 2026 de $55 853 millones, entre amortización e intereses. Es decir, no sólo se pide nueva deuda sino que se comprometen recursos significativos sólo para afrontar la carga financiera.
El gobernador argumenta que el pedido responde a una “recuperación moderada” del territorio luego del ajuste nacional, y que el presupuesto es una herramienta para “mantener derechos y acompañar a los sectores más golpeados”. Pero los analistas advierten que sin mejoras en competitividad industrial, diversificación económica y apoyo del Gobierno federal, la nueva deuda podría quedar como un lastre para el próximo ciclo.
Lo que queda del 2025
Los próximos 50 días serán decisivos. La Legislatura debe resolver si la deuda se convierte en palanca de relanzamiento o en carga que hipotecará el futuro. Pero para que el plan tenga éxito, no alcanza con aprobar números: hace falta resolver la caída industrial, recuperar empleo y construir confianza entre la provincia, los municipios y la Nación.