Un amparo judicial obliga a pagar haberes a policías retirados

La resolución judicial intima a la Caja a “regularizar y pagar” los haberes correspondientes a julio, agosto, septiembre y octubre, además del aguinaldo del primer semestre. Para Giménez, el pronunciamiento pone freno a una práctica “arbitraria” que, a su entender, la Caja institucionalizó mediante una resolución interna de priorización de pagos: primero los empleados activos del organismo, luego los jubilados policiales provinciales y, sólo si quedaban fondos, los exterritoriales. “Para hacer lo que hicieron sólo lo puede establecer la Legislatura, no una resolución administrativa”, subrayó.

“El sector de jubilados y retirados de la expolicía territorial atraviesa una crisis gravísima. No sólo se les adeudan sueldos, muchos además carecen de cobertura efectiva de obra social en la provincia y tienen patologías propias de su edad. La Justicia se tomó el tema en serio y resolvió rápidamente”, sostuvo Giménez en una entrevista radial con FM Provincia. Según explicó, aunque el caso resuelto es individual, forma parte de una batería de amparos iniciados por su estudio —todos de tramitación separada— y de acciones similares impulsadas por otros colegas: “Van a caer en cascada con la misma situación”.

El abogado advirtió que, pese a la orden de regularización en treinta días, la Caja “seguramente apelará dentro del plazo de ley”, lo que podría dilatar la ejecución de la sentencia y postergar los cobros incluso hasta la feria judicial. “Si no hay solución de fondo, esto se patea para adelante”, afirmó. En ese escenario, anticipó medidas de coerción: “Si no cumplen, pediremos multas personales al presidente y al directorio e incluso podría haber derivaciones penales por desobediencia de una orden judicial”.

Giménez describió un cuadro social “trágico”, con familias desestructuradas, retirados residiendo fuera de la provincia o con hijos estudiando, y tratamientos médicos comprometidos por la falta de ingresos regulares. “Una cosa es no tener obra social y otra es no cobrar: por lo menos, cobrando, se pueden comprar remedios”, graficó. También puso el foco en la restricción a la protesta de los retirados por mantener estado policial: “Si fueran docentes o estatales, el conflicto estaría en la calle; ellos no pueden exponerse sin riesgo de sanciones y terminan yendo sus esposas o hijos”.

El fallo cuestiona el criterio interno que dejó a los exterritoriales “al final de la fila” y, según la interpretación del patrocinante, recuerda que el orden de asignación de fondos y la definición de prioridades no pueden alterarse por vía administrativa. En paralelo, el abogado apuntó a un problema estructural: la idoneidad técnica en la conducción del sistema previsional. “En el mundo, las cajas las dirigen profesionales —actuarios, especialistas en inversiones y previsión—. Aquí, los directorios se completan por representación sectorial o elección, y la elección no garantiza capacidad. Si no revisamos el diseño institucional, las crisis se van a seguir repitiendo”, planteó.

El letrado también reclamó reacción política ante la situación: “Es tristísimo que nadie se conmueva. Antes de las elecciones hubo promesas; hoy no atienden el teléfono. El Estado provincial es el último garante del haber jubilatorio de docentes, judiciales y policiales”. No obstante, reconoció la celeridad en este expediente: “Le dieron la importancia y la gravedad que tiene; se resolvió rápido”.

Consultado sobre eventuales reclamos por daños y perjuicios derivados de meses sin cobrar, Giménez se mostró cauto: “Litigar ese aspecto es difícil. Hablamos de gente que trabajó toda su vida en otra cosa y no está acostumbrada a tribunales. Ya sufrieron un estrés enorme. Aun con fallo favorable, sin una solución de fondo, temo que esto no se resuelva en lo inmediato por falta de recursos”.

En el tramo final de la entrevista, el abogado vinculó la crisis previsional con una discusión más amplia sobre la arquitectura institucional de Tierra del Fuego —Tribunal de Cuentas, cartas orgánicas municipales, diseño del Poder Judicial y sistemas de control— y se mostró dispuesto a discutir una reforma de fondo. Defendió, en ese marco, la necesidad de mandatos temporales para magistrados y órganos de control, y directorios con perfiles técnicos. Pero dejó claro que esa pulseada de mediano plazo no debe eclipsar la urgencia: “Hoy lo apremiante es que se cumpla la orden judicial y se pague lo que se debe”.

Qué viene ahora. En lo procesal, la Caja dispone de tres días para apelar. Si no lo hace, deberá ejecutar la sentencia y normalizar pagos en diez días. Si apela y no cumple, el actor pedirá medidas coercitivas contra autoridades del organismo. En lo social, el antecedente habilita a decenas de retirados en idéntica situación a acelerar sus amparos individuales. Y en lo político, la pelota queda del lado del Ejecutivo y la Legislatura para discutir —más allá de la contingencia— cómo se blinda la sustentabilidad y la gobernanza técnica del sistema previsional.