"Hace falta cintura política para conseguir beneficios para Tierra del Fuego”

En un extenso diálogo con ‘La mañana de la Tecno’ en Radio Universidad 93.5 MHz, el contador Ramón Gallardo repasó, con datos, anécdotas y advertencias, el estado financiero y productivo de Tierra del Fuego tras las recientes elecciones nacionales y las políticas que han marcado el destino del régimen industrial fueguino. Entre llamadas a la prudencia, críticas a la inestabilidad jurídica y propuestas concretas para evitar cierres y caída de empleos, Gallardo dejó clara una idea central: la provincia necesita pragmatismo político y medidas económicas que no actúen como una “salvavidas de plomo” sobre las PyMEs y el comercio local.

Un contexto nacional que abre oportunidades… si se lo sabe aprovechar

Gallardo arrancó la charla describiendo el clima que sintió en reuniones con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Federación de la Industria de la Madera (FAIMA): tras el fin de la campaña electoral se percibe “normalidad” en los mercados. Señaló que en 24 horas el riesgo país cayó “450 puntos” y que eso ayudó a reducir las tasas. Puso como ejemplo licitaciones del Tesoro donde se pudieron colocar títulos sin ajuste por dólar, y mencionó descenso de rendimientos en plazos fijos y en préstamos hipotecarios —datos que, según su lectura, aligeran el costo del crédito y pueden reactivar la inversión.

“La baja de las tasas de interés va a permitir esto: reactivar el mercado”, dijo Gallardo, y celebró que algunos bancos ya ofrecieran menores rendimientos y tasas en créditos hipotecarios, lo cual dinamiza el consumo y genera movimiento económico.

Reforma laboral y tributaria: a quiénes quieren alcanzar

Gran parte de la conversación estuvo dedicada a las reformas que se discuten a nivel nacional y que, según Gallardo, saldrán del denominado “Consejo de Mayo”. Definió los ejes: modernización laboral (posible descentralización de convenios por empresa), reducción de cargas para facilitar la contratación, y una reforma tributaria que busca simplificar el mapa impositivo nacional.

Gallardo matizó la discusión: “no se trata de violar derechos adquiridos”, afirmó, y defendió que muchas de las propuestas buscan formalizar a trabajadores hoy informales: habló de un 36% de actividad informal —que si se agregan algunos profesionales trepa al 42%—, lo que representaría unos 9 millones de personas sin derechos ni aportes. Su argumento fue nítido: legislar para incorporar a ese sector traerá aportes para jubilación y seguridad social.

Entre las medidas puestas sobre la mesa mencionó la posibilidad de que una porción de la remuneración (ejemplificó un 10%) sea no remunerativa por ley para destinarla a beneficios como alimentación, guardería o escuelas —lo que permitiría al empleado “ver más dinero en el bolsillo” sin que ello genere carga social inmediata.

Un nuevo mapa tributario: IVA provincial y riesgo para provincias con déficit

Sobre la reforma tributaria, Gallardo explicó que la discusión incluye reducir la gran cantidad de impuestos nacionales —de más de 150 a una decena que expliquen la mayor parte de la recaudación— y transferir parte de la recaudación sobre el consumo a las provincias. La propuesta que describió consiste en fraccionar el IVA: un tramo nacional (mencionó el 9%) y otro tramo a cobrar por las provincias, que absorbiera ingresos brutos y tasas municipales asociadas al consumo.

Ese cambio, dijo, puede beneficiar a provincias con cuentas ordenadas (superávit primario y financiero) porque les permitiría reducir alícuotas y ganar competitividad; en cambio, puede complicar a provincias con déficit como Tierra del Fuego, ya que –si no se logra una transición adecuada– podría implicar una mayor presión tributaria local o pérdida de recursos. “Habrá competencia entre provincias —explicó—: las que cobren menos atraerán consumo; las que no tengan orden tendrán que cobrar más”.

La urgencia local: moratoria, tasas y salvar trabajos

En la charla Gallardo volvió repetidamente al tema local: la urgencia de una moratoria que alivie a comercios y PyMEs y la necesidad de tasas razonables para que la reactivación económica no encuentre un ancla que la hunda. Contó que la Cámara empresaria provincial le había pedido al gobernador Gustavo Melella una moratoria y que éste la había concedido, pero que para que tenga efecto debe tratarla la Legislatura: “el comerciante requiere en forma rápida” una salida, advirtió, y criticó que los plazos legislativos no deberían ser la condena de miles de puestos de trabajo.

Cuestionó que las tasas propuestas en el borrador de la moratoria rondaran entre 1,5% y el 5% y sostuvo que cobrar 5% en cuotas sería usurario frente a una inflación prevista (él mencionó 20% para 2026) y extremos que condenarían al pequeño contribuyente. “Por favor, revean las tasas”, pidió con énfasis, porque —dijo— una moratoria mal diseñada puede terminar “transformándose en una plomada” que hunda a los comercios en lugar de salvarlos.

Diagnóstico social y productivo: cifras que alarman

Gallardo no se guardó los números: según el contador, y en referencia a información del INDEC, en el primer semestre de 2025 Tierra del Fuego tuvo un 22,30% de pobres y un 3,4% de indigentes; es decir, alrededor de 40.500 personas en situación de pobreza y 6.423 indigentes. A esa radiografía social sumó la contracción del empleo industrial en la última década: “en 2015 había aproximadamente 13.790 empleados en el régimen industrial; hoy son cerca de 8.630”, señaló, lo que evidencia una caída del empleo industrial cercana al 37% mientras la población, según los censos citados por Gallardo, habría aumentado —pasando de 127.000 en 2010 a 185.000 en 2012 (cifras que el propio entrevistado aportó en el intercambio).

Ese entrecruzamiento —más población y menos empleo industrial—, según él, explica parte de la presión social y de la necesidad de políticas activas para sostener la producción local.

Los decretos que marcaron el pulso industrial: 727, 594 y la quita de beneficios

Gallardo fue directo al apuntar a decisiones previas que, a su juicio, marcaron el deterioro de sectores como el textil. Recordó que el Decreto 727 y luego el 594 “dieron la defunción” a muchas empresas del rubro textil: habló de pérdida de beneficios clave —exención de IVA, exención de impuesto a las ganancias y derechos de importación exentos en insumos— y explicó cómo la prórroga y los cambios terminaron dejando a las empresas sin cupos de beneficio real cuando esos cupos se calcularon “a valor histórico” en un contexto inflacionario que devoró cualquier ventaja.

“El Decreto 727/21 lo había planteado: si se lo analizaba a valor histórico, a la larga no te va a cerrar y se van a ir”, sintetizó. Comentó que decisiones similares afectaron otros rubros —citó también el sector hidrocarburífero con el Decreto 751 de 2012— y subrayó la necesidad de marcos jurídicos estables para incentivar inversión.

RIGI: la garantía que pide el sector privado

Frente a la inestabilidad de decretos y resoluciones que, según Gallardo, se cambian “con un plumazo”, el contador defendió con fuerza el RIGI (Régimen de Incentivos para la Inversión) como instrumento de seguridad jurídica: “el RIGI te da garantías por 30 años” sobre beneficios impositivos y fiscales y, por tanto, la certeza necesaria para inversiones de largo plazo. Advierte que sin esos marcos estables no habrá quien arriesgue capital en la provincia.

Recordó ejemplos de regímenes que devolvieron beneficios a ciertos emprendimientos hidrocarburíficos (Decreto 1049 de 2018, mencionó) y puso el proyecto FEMIS como un caso de incentivo que contempla exenciones para fomentar inversión en energía. En su análisis, los instrumentos legales que se sostienen en ley y en adhesiones provinciales son los que terminan construyendo un ambiente atractivo para la industria.

Mensaje político: pragmatismo y diálogo

Además del diagnóstico técnico, Gallardo lanzó un mensaje político: pidió a intendentes y gobierno provincial “limar asperezas” y buscar acercamiento con el gobierno nacional. “Un político pragmático tiene que tener la cintura suficiente para lograr los mejores beneficios para los que habitamos Tierra del Fuego”, dijo, y remarcó que ese pragmatismo no equivale a traicionar una identidad partidaria sino a representar los intereses de la población provincial.

Subrayó también la necesidad de que los representantes provinciales escuchen a los nuevos actores surgidos de las urnas, y reconozca que en la reciente elección se incorporaron legisladores por la coalición que obtuvo un porcentaje significativo: “hay que escucharlos, porque representan a mucha gente que fue a votar”.

El llamado final: medidas rápidas y sensatas para no perder tejido productivo

En los minutos finales, Gallardo insistió en la urgencia de acciones concretas: una moratoria efectiva y rápida que no asfixie a los contribuyentes, tasas y condiciones crediticias razonables, y la construcción de puentes con Nación que permitan acceder a herramientas de financiamiento y programas que incentiven la inversión y la formalización laboral. También reclamó que la legislatura provincial no demore lo necesario y que se priorice la preservación de fuentes de trabajo.

“Si ya se va a reactivar la economía, seguramente podrán levantar cabeza —dijo—, pero no le pongan una plomada”. Fue un pedido claro: aprovechemos la ventana de menor incertidumbre macro para dar alivio local y evitar que la caída de industrias y comercios deje secuelas difíciles de reparar.

¿Qué implica esto para Tierra del Fuego?

Gallardo dejó planteadas varias lecturas prácticas: 

Corto plazo: aprobar mecanismos de alivio (moratorias con tasas justas) y políticas de austeridad pública que permitan recomponer el déficit sin cargar a la actividad productiva.

Mediano plazo: buscar la adhesión y garantías de regímenes como el RIGI para recuperar inversiones y proteger la actividad industrial.

Largo plazo: articular con Nación y otros gobiernos provinciales una transición tributaria que no deje a territorios con déficit en desventaja competitiva.

Su diagnóstico combina preocupación social (pobreza y pérdida de empleo), análisis técnico (impacto de decretos y estructura impositiva) y una recomendación política práctica (diálogo y pragmatismo). El mensaje es nítido: la provincia está en un momento en que las decisiones locales —y su rapidez y sensatez— pueden definir si la reactivación que asoma en los mercados nacionales llega a los comercios, las pymes y las fábricas de Tierra del Fuego, o si, por el contrario, se pierde por falta de acuerdos y por medidas mal calibradas.

Fragmento clave: “La moratoria que se solicita… es para que le dé un salvavidas a los comercios y PyMEs para que no cierren y cuiden la fuente de trabajo. Pero no que se transforme en una plomada para hundirlos”, resumió Gallardo, pidiendo que las decisiones legislativas y los ajustes técnicos se piensen con la prioridad de preservar empleos y tejido productivo en la provincia.