Río Grande.- En su habitual columna por ‘La mañana de la Tecno’ en Radio Universidad 93.5 MHz, el analista económico Federico Rayes trazó un panorama optimista sobre la situación macro —riesgo país en baja y expectativas de crecimiento para 2026— y puso en contexto las reformas que impulsa el Gobierno: tributaria (con el debate sobre un “súper-IVA” y la posible eliminación de Ingresos Brutos), laboral, previsional y hasta una reforma del Código Penal. También se refirió a la reciente cesión de áreas hidrocarburíferas y al impacto del déficit provincial en Tierra del Fuego.
El titular de la consultora Ecotono hizo un repaso amplio y claro de la agenda económica y política que hoy domina la escena nacional. Su diagnóstico combinó dos ideas centrales: por un lado, que el Gobierno nacional llega a este momento con una posición fortalecida en los mercados —con indicadores financieros que mejoran— y, por otro, que ahora comienza la etapa más compleja: convertir ese orden macro en reformas estructurales que requieren consenso político.
Rayes abrió el micrófono destacando el contexto financiero: la caída del riesgo país y la recuperación de los activos locales permiten al Ejecutivo disponer de mayor margen para avanzar con cambios. Ese dato de mercado quedó en evidencia con la reciente baja del indicador de JP Morgan cerca de los 600 puntos, un reflejo del mejor ánimo que muestran bonos y acciones en las últimas ruedas.
Reformas en cadena: tributaria, laboral, previsional y penal
Para Rayes, lo que viene “son reformas en paquete”: tributaria y laboral como prioridades, pero con el agregado de iniciativas más amplias —como la revisión del Código Penal— que, según el analista, forman parte de una estrategia gubernamental más amplia para “dar confianza” a empresas y ciudadanos y mejorar la sensación de seguridad institucional.
En materia tributaria, el eje del debate que describió Rayes es la eliminación de impuestos provinciales distorsivos (como Ingresos Brutos) a cambio de un esquema donde parte del IVA se distribuya entre Nación y provincias —el llamado “súper-IVA” o IVA ampliado—, una propuesta que ya figura en muchos análisis periodísticos y técnicos sobre la reforma. Las discusiones giran en torno a cómo compatibilizar esa redistribución con la sostenibilidad fiscal de provincias con bases recaudatorias pequeñas o con fuerte dependencia de la coparticipación.
Rayes subrayó con cautela: implementar un esquema así requerirá rediscutir la coparticipación, porque cambiar la caja impositiva sin tocar la forma en que se reparten fondos entre Nación y provincias es inviable. En su exposición citó ejercicios técnicos que muestran disparidades importantes entre jurisdicciones: algunos análisis indican que provincias con poca base económica necesitarían alícuotas muy altas para reemplazar recursos, mientras que otras podrían financiarse con tasas mucho menores —un punto que, según Rayes, generará intensos debates políticos.
Código Penal y seguridad: un capítulo inesperado
Rayes también mencionó que la reforma del Código Penal integra la agenda del Gobierno, con el objetivo —en su lectura— de mejorar las condiciones de seguridad que faciliten la circulación, la inversión y el comercio. Dijo que la reforma penal es parte de una batería de cambios que abarcan lo económico y lo institucional, y pidió que la discusión se lleve “con expertos” dada su complejidad.
YPF y la transferencia de áreas: preguntas abiertas
En la charla hubo lugar para temas provinciales: sobre la cesión de áreas hidrocarburíferas de YPF a provincias como Tierra del Fuego (y casos similares en Santa Cruz), Rayes dijo que los acuerdos firmados son todavía “en parte un ejercicio de incógnitas”, porque la letra chica —pautas técnicas, responsabilidades por pasivos ambientales, inversiones necesarias y recursos humanos— todavía debe conocerse en detalle. A juicio del analista, la transferencia implica la creación o fortalecimiento de empresas provinciales que, de modo ineludible, deberán tercerizar servicios y apoyarse en asistencia técnica para operar pozos maduros. La noticia de la cesión fue confirmada oficialmente y cubrió la agenda nacional en los últimos días.
Provincialismo fiscal y el riesgo de “ganadores y perdedores”
Rayes dedicó un tramo a la situación de las provincias: recordó que las reformas fiscales suelen crear “ganadores y perdedores”, y que las jurisdicciones que ya ordenaron sus cuentas tienen más facilidad para bajar impuestos, en tanto que las que enfrentan déficits necesitarán medidas de ajuste o mayores alícuotas si se implementa el mecanismo de IVA provincial. Ese riesgo político y económico es central en las negociaciones del llamado Consejo de Mayo, el órgano que organiza la agenda del Pacto de Mayo y que concentra la negociación entre Nación, gobernadores, sindicatos y cámaras empresarias.
Datos locales: presupuesto y déficit provincial
Durante la charla, Rayes mencionó cifras provisorias sobre Tierra del Fuego: alertó sobre un déficit financiero provisorio que se profundizó al 30 de septiembre y cifró en torno a los 98.000 millones de pesos —un número que, según explicó, presiona la gestión provincial y complica el ritmo de pagos a proveedores y ajustes salariales. El analista pidió transparencia y conocimiento público de los convenios (en particular los que refieren a la transferencia de áreas hidrocarburíferas) para que el Parlamento y la sociedad puedan evaluar costos y beneficios.
¿Qué viene en 2026? Expectativas y límites
Cerrando el diálogo, Rayes se mostró optimista sobre las posibilidades de 2026: si se mantiene el orden fiscal y hay un contexto internacional favorable, habrá margen para que las reformas —siempre que lleguen acordadas— funcionen como palancas de crecimiento, mayor inversión y empleo formal. Pero advirtió que la implementación importa tanto como la idea: “es más fácil reformar cuando la economía crece”, dijo, y reclamó diálogo entre Nación y provincias para evitar fracturas que puedan fracturar el proceso reformista.