Quilmes.- En el marco del Proyecto de Investigación de Práctica Profesional (PPROF), orientado a la implementación del Índice de Competitividad de las Zonas Francas, se desarrolló la jornada “Del Fin del Mundo al centro del debate: Tierra del Fuego y el futuro del Régimen de Promoción Industrial”, realizada el 20 de octubre de 2025 en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y transmitida también por Zoom.
La actividad fue impulsada por el profesor Alfredo Martín Scatizza, docente-investigador del Departamento de Economía y Administración de la UNQ, y contó con la participación destacada de la Dra. Mariel Borruto, Juez Federal de Río Grande, docente de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional y reconocida especialista en el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, autora de diversos libros y trabajos académicos sobre la temática.
Durante el encuentro, el profesor Scatizza subrayó la relevancia que tienen los regímenes fiscales, tributarios y aduaneros en la formación de los profesionales del comercio internacional, en particular por la integración económica y logística entre el territorio continental y la isla de Tierra del Fuego.
Por su parte, la Dra. Borruto expuso los fundamentos históricos y geopolíticos del régimen vigente, y destacó el papel estratégico de la provincia —la única bicontinental del país— en el contexto de los reclamos argentinos sobre las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y el territorio antártico.
La jornada también se realizó en ocasión de la presentación del nuevo libro de la Dra. Borruto, Ley 19640 de promoción económica en Tierra del Fuego. La finalidad de integración, conectividad y su fundamento geopolítico, cuya obra —junto a publicaciones anteriores de la autora— fue donada a la Biblioteca de la UNQ.
Este tipo de actividades de cooperación académica y divulgación refuerzan el compromiso institucional de la Universidad Nacional de Quilmes con la formación profesional, la investigación aplicada y la vinculación con los desafíos productivos y territoriales del país
La exposición de la Dra. Mariel Borruto
La obra de la Dra. Mariel Borruto —hoy Juez Federal en Río Grande y autora de varios estudios sobre la 19.640— fue el punto de partida para repensar un régimen que nació con objetivos geopolíticos y de poblamiento y que hoy vuelve al centro del debate por su impacto económico y por las recientes adecuaciones normativas.
Cuando se habla de la Ley 19.640 —el régimen especial fiscal y aduanero que regula el tratamiento de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur— raramente la discusión se agota en cifras impositivas. Desde su sanción, en 1972, la norma ha sido presentada y defendida como un instrumento de política pública con dos patas indisolubles: incentivos económicos y propósito estratégico de soberanía y poblamiento. Esa doble naturaleza fue el centro de la reflexión de la doctora Mariel Borruto; su trabajo permite explicar por qué la 19.640 no es simplemente “una ley de exenciones”, sino un entramado jurídico-aduanero con fuerte anclaje histórico.
Una ley con raíz aduanera y propósito geopolítico
Borruto y otros especialistas insisten en un punto clave: la 19.640 conserva un carácter aduanero que la diferencia de otros regímenes promocionales. Es decir: no solo exime impuestos, sino que define y regula áreas francas y un área aduanera especial cuyo objetivo original fue crear condiciones para la instalación de población y actividades productivas en la zona austral, reforzando la presencia del Estado argentino en un escenario estratégico. Esa dimensión geopolítica —el “para qué” de la ley— es central para comprender por qué cada modificación técnica despierta debates que van más allá de lo estrictamente económico.
Borruto: autora, docente y guardiana del conocimiento técnico de la 19640
La obra académica y las charlas públicas de Borruto insisten en un diagnóstico recurrente: “no se puede defender lo que no se conoce”. Desde su producción bibliográfica —comentarios y prólogos sobre la 19.640— hasta presentaciones en universidades y foros, su énfasis es pedagógico y a la vez militante: que empresarios, funcionarios y la ciudadanía entiendan la letra y el espíritu del régimen para poder discutirlo con bases sólidas. Esa insistencia en la formación técnica busca despejar malentendidos comunes: la ley no es un “subsidio” indefinido ni un privilegio caprichoso, sino un instrumento que condiciona y habilita un entramado aduanero y fiscal específico.
El régimen a lo largo del tiempo: prórrogas, subregímenes y tensiones
La 19.640 tuvo varias actualizaciones, prórrogas y una constante interpretación administrativa. Sus reglas operan a través no solo del texto legal, sino de decretos, resoluciones y subregímenes que van modular su aplicación —desde el subrégimen industrial hasta reglas sobre venta al continente o comercio electrónico—. Esa arquitectura normativa compleja explica por qué decisiones administrativas (y recientes decretos) generan incertidumbre y, al mismo tiempo, por qué hay sectores que piden su defensa férrea.
En 2025 el Gobierno nacional dictó el Decreto 535/25, que ajusta aspectos del régimen para adecuarlo a prácticas comerciales y tecnológicas actuales (por ejemplo, removiendo ciertas limitaciones a la venta online al continente). Para los defensores, la medida corrige distorsiones que restaban competitividad; para los críticos, cualquier cambio requiere transparencia y diálogo amplio porque puede afectar empleos locales y la lógica del sub-régimen industrial. La publicación oficial del decreto y sus alcances colocó nuevamente al régimen en el centro de la agenda pública.
¿Beneficia la 19.640 al fueguino común?
Un argumento recurrente en las exposiciones de Borruto es que, más allá de las empresas, el beneficiario último debería ser el habitante de la provincia: empleo, arraigo poblacional y desarrollo local. Esta línea de interpretación permite convertir discusiones técnicas en preguntas políticas: ¿en qué medida las exenciones fiscales y las normas aduaneras terminan distribuyendo beneficios reales hacia trabajadores y vecinos? ¿Cómo se mide el impacto social del régimen? Esas preguntas exigen datos y evaluación pública, no solo retórica pro o contra.
Tensiones actuales: actualización versus defensa
El dilema que atraviesa hoy la 19.640 tiene dos caras: por un lado, están quienes piden defensa incondicional del régimen ante cualquier intento de recorte, por su valor estratégico; por el otro, los que proponen actualizaciones para adaptarlo a nuevas realidades (comercio electrónico, cadenas globales, normativa ambiental, reglas laborales y competencia con otras jurisdicciones). Borruto, en sus charlas y libros, no propone un dogma: plantea que conocer la ley y su historia es condición para discutir su futuro con criterio técnico y legítimo.
Lo que pide el próximo debate público
Tres ejes aparecen como prioritarios para la discusión pública:
Claridad normativa y transparencia: cada decreto, resolución o prórroga debe acompañarse de impacto económico, social y fiscal que pueda ser debatido públicamente.
* Evaluación del impacto social: más allá de los números de exportación o plantas instaladas, medir cuánto generó la 19.640 en empleo estable, formación y arraigo.
* Diálogo amplio y federal: la ley tiene efectos locales, nacionales y geopolíticos; por eso las decisiones deben articular a provincia, Nación, actores productivos y sociedad civil.
Conclusión: defender con conocimiento, actualizar con prudencia
La figura de Mariel Borruto sintetiza una actitud imprescindible: defender con conocimiento. Su trabajo —como juez federal, docente y autora— recuerda que la 19.640 no puede ser discutida en abstracto ni reducida a consignas. Defender la provincia implica conocer el entramado legal y también poner sobre la mesa preguntas incómodas: qué queda por mejorar, qué mecanismos de control y evaluación hacen falta, y cómo asegurar que los beneficios del régimen lleguen a los fueguinos.
El desafío es doble: preservar la esencia estratégica de la ley —su rol aduanero y de soberanía— y, al mismo tiempo, modernizar su operativa para un mundo distinto del de 1972. La reciente oleada de ajustes administrativos y decretos muestra que el régimen sigue vivo; la lección de Borruto es que, si se quiere hacerlo legítimo y eficaz, la discusión debe ganar calidad técnica y transparencia democrática.
Link de la disertación: