Pero la pregunta clave no es qué se presentó, sino quiénes están detrás y para qué. Solorza no es un dirigente vecinal aislado: viene del equipo del UISE en Ushuaia, es exfuncionario del Ministerio de Energía de la gestión Melella y ocupa un rol importante en el Partido Justicialista local, alineado con Vuoto. La “movida popular” de la Margen Sur estaría sostenida por referentes políticos vinculados al kirchnerismo fueguino, no por un reclamo genuino de base.
El documento ingresó al Concejo Deliberante de Río Grande como una supuesta respuesta a las demandas de los vecinos de la Margen Sur. Sin embargo, el proyecto revela un desconocimiento básico de la institucionalidad local:
la Carta Orgánica Municipal no contempla mecanismos de enmienda, por lo que cualquier intento de reformarla en estos términos es directamente inválido (solo se puede hacer mediante un llamado a reforma).
A esto se suma otro dato: los referentes que dicen actuar “en nombre del barrio” pertenecen al espacio político que responde al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y ocupan cargos dentro de estructuras municipales de esa ciudad.
En estas semanas circularon múltiples imágenes -en actos, encuentros partidarios y actividades comunitarias- donde Solorza aparece acompañado por referentes directamente ligados al PJ de Ushuaia.
No se trata de vecinos espontáneos ni actores autónomos de la Margen Sur:
son los mismos que gestionan planes sociales del municipio capitalino, coordinan agrupaciones partidarias y administran ferias populares que se montan dentro de edificios públicos provinciales, incluso en escuelas que no tienen clases pero sí se habilitan para sus actividades políticas.
Esa estructura -que opera hace tiempo en Río Grande- se ha fortalecido bajo el paraguas de la militancia vuotista, con presencia en eventos barriales, celebraciones y actividades comunitarias donde confluyen siempre los mismos nombres y las mismas caras.
Lo más grave surge de los testimonios difundidos por los propios vecinos de la Margen Sur.
Según ellos, muchos beneficiarios de ayudas sociales o de programas municipales provenientes de Ushuaia son presionados u obligados a participar de actividades políticas, reuniones o acciones de visibilización vinculadas a esta agenda de “división”.
Quienes no se alinean —relatan los testimonios— son hostigados, ignorados o directamente amenazados con perder beneficios, en un esquema que recuerda prácticas ya vistas en otros momentos del kirchnerismo fueguino.
La movida mediática, amplificada por perfiles y portales afines al espacio político que gobierna Ushuaia, busca imponer una narrativa:
“Los vecinos de la Margen Sur quieren autonomía.”
Pero cuando se rasca apenas la superficie, aparece el verdadero cuadro:
Las mismas figuras políticas de siempre.
Los mismos grupos que reparten planes originados en Ushuaia.
Los mismos operadores que movilizan gente bajo la bandera de la “representatividad barrial”.
Y un proyecto escrito sin sustento legal, pero con enorme intención política.
Todo eso acompañado por una sobreexposición en redes de encuentros, festejos y actividades donde los mismos referentes aparecen, una y otra vez, con presencia constante de actores del PJ vuotista.
Las fotos aportadas en este contexto muestran simplemente reuniones sociales y actividades comunitarias con grupos de adultos y jóvenes, reflejo visual del entramado político que opera en el territorio.
La pregunta que atraviesa la política fueguina es inevitable:
¿por qué una estructura política de Ushuaia impulsa un proyecto que afecta a Río Grande?
Fuentes cercanas al Concejo interpretan la maniobra como parte de una estrategia para:
instalar presencia política en Río Grande, donde el vuotismo no tiene base electoral sólida;
debilitar la institucionalidad local, tensionando al Municipio;
y construir agenda pública para 2026, aprovechando el malestar económico y social.
Mientras tanto, desde múltiples sectores —institucionales, sociales y políticos— se remarca algo fundamental:
Río Grande es una sola ciudad y no será dividida por operaciones externas.
Las necesidades de la Margen Sur son reales y profundas.
Pero la solución no pasa por fragmentar la ciudad ni por convertir al barrio en un botín político de estructuras que ni siquiera pertenecen a Río Grande.
La pregunta inicial vuelve con más fuerza:
Un grupo reducido, organizado, con intereses externos y objetivos políticos propios. No son los vecinos quienes impulsan esta agenda.
No es la Margen Sur la que busca separarse. Son actores políticos —con cargos, trayectoria y alineamientos muy claros— quienes intentan usar al barrio como plataforma de poder.
Río Grande merece un debate serio, institucional y respetuoso. No una maniobra oportunista que expone, una vez más, el lado oscuro de la política territorial más cruda.