DPOSS: Se viene un nuevo aumento en las tarifas

USHUAIA.- En un escenario donde las boletas del servicio de agua ya acumulan un 40% de incremento a lo largo del año en curso, el organismo provincial vuelve a la carga con una propuesta de ajustes adicionales. La DPOSS busca modificar el Régimen Tarifario vigente para implementar un esquema de costos más elevado a partir del 1 de enero de 2026, amparándose en una justificación técnica que ha generado escepticismo entre la ciudadanía y el sector privado. La percepción generalizada es de nuevos aumentos, mayores cargas y una prestación que no exhibe mejoras sustanciales.

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios ha convocado a audiencia pública para el próximo 19 de diciembre. El cronograma establecido tiene un propósito definido y que se mite a dejar operativa la entrada en vigencia del flamante régimen tarifario con el inicio del año 2026. A pesar de que la tarifa ya registró una suba acumulada del 40% durante 2025, el ente regulador insiste en la necesidad imperiosa de alcanzar el “equilibrio financiero”. Esto ha suscitado interrogantes sobre si la estabilidad del organismo se financia exclusivamente mediante la presión tarifaria sobre los consumidores.

La propuesta mantiene el Índice de Variación Salarial propio de la DPOSS (IVS DPOSS), que garantiza la actualización automática y mensual de la tarifa. Este cálculo polinómico se ajusta sin requerir debate legislativo ni análisis político, impulsado por los índices inflacionarios que impactan en la economía general.

Lo distintivo de esta nueva movida no es la continuidad del incremento, sino la composición de la nueva fórmula: Se asigna una incidencia del 62,9% a los salarios, 13,6% a los precios mayoristas, 22,4% a los precios al consumidor y 1,1% a los gastos de infraestructura. La DPOSS asegura que esta composición “refleja de mejor manera la estructura de costos”. Sin embargo, los usuarios y los actores críticos sugieren que esto refleja la necesidad del organismo de robustecer su caja interna.

En un gesto menor frente al impacto general de la medida, el proyecto introduce ciertas flexibilizaciones orientadas a jubilados, pensionados o beneficiarios sociales. Estas modificaciones les permitirán acceder a reducciones en la tarifa incluso cuando no figuren como titulares exclusivos del inmueble. Un atenuante que no logra compensar el cuadro general de incrementos que, en última instancia, son costeados por la totalidad de los usuarios.

La exención del pago de descargas cloacales para motorhomes y casas rodantes es presentada con el argumento de “ordenar” la práctica y mitigar posibles riesgos ambientales. Si bien se trata de una medida positiva, resulta marginal en la dimensión del ajuste total. La misma lógica aplica a las adecuaciones en servicios eventuales, glosarios tarifarios, uso de maquinaria o definiciones administrativas. Se presentan como actos de modernización, pero en la práctica significan una extensión de la facturación a nuevas actividades.

Uno de los puntos de mayor controversia es la introducción de nuevos gravámenes. Se trata del “cargo por incumplimiento de factibilidad”, que establece una multa de $5 millones para obras de hasta cinco unidades funcionales y de $20 millones para desarrollos de mayor envergadura. El argumento teórico es que cubre los costos generados por obras que se realizan sin las autorizaciones correspondientes. No obstante, múltiples sectores del ámbito privado lo interpretan como un castigo desmedido y otra fuente de ingresos extraordinarios para el ente.

El nuevo régimen de “Agua para Construcción” establece la facturación del servicio por metro cuadrado y autoriza la instalación de caudalímetros para medir el consumo real. La intención detrás de la medida parece sensata, pero en un ejercicio donde la tarifa ya escaló un 40%, cualquier cambio en el cálculo es percibido como una nueva ventana para el aumento. Las nuevas reglas del servicio medido también se inscriben en esta lógica: si bien aportan transparencia, están orientadas a evitar que el usuario abone menos, y no a la inversa.

La DPOSS sostiene públicamente que este conjunto de medidas tarifarias persigue "el objetivo de equilibrar la prestación sin afectar a los más vulnerables”. No obstante, la realidad es que la mayoría de los hogares de la jurisdicción ya padecieron los aumentos del 40% en 2025 y perciben el inminente anuncio como una nueva ola de incrementos camuflados bajo el rótulo de una modernización del esquema tarifario.