El objetivo es claro: obligar al Ejecutivo de Javier Milei a abrir un canal real de diálogo, en un momento en el que las decisiones fiscales del Gobierno repercuten directamente en las cuentas provinciales.
La reunión que impulsan los gobernadores del PJ —y a la cual se suman mandatarios de espacios provinciales y aliados institucionales— no es solo un gesto político. Es la respuesta a un problema que se profundizó en los últimos meses: la falta de una mesa de trabajo seria con el Gobierno nacional para discutir Presupuesto 2026, fondos discrecionales, obras paralizadas y mecanismos de asistencia como los ATN.
Con una recaudación que cae y un esquema fiscal nacional en plena reconfiguración, varias provincias reconocen que no llegan a cubrir el pago del aguinaldo si no se establecen acuerdos urgentes. La preocupación cruza de norte a sur, desde Jujuy hasta Santa Cruz, y también está presente en Tierra del Fuego, que observa con atención la posible reducción de transferencias y la continuidad de fondos estratégicos.
Frente a esta situación, los gobernadores peronistas comenzaron a darle forma a un bloque político federal que funcionará como interlocutor único ante la Casa Rosada. La jugada tiene una doble dimensión:
Ordenar la discusión interna del PJ, que vuelve a encontrar en los mandatarios provinciales su núcleo de conducción.
Marcarle al Gobierno nacional que las reformas tributarias, laborales y fiscales no avanzarán sin acuerdos territoriales previos.
La estrategia se sostiene en una lectura concreta: Milei necesita apoyo parlamentario para su paquete de reformas, y las provincias necesitan previsibilidad financiera. Para ambos, la negociación no es optativa.
En privado, varios gobernadores admiten que la tensión fiscal llegó a un límite.
La combinación de:
caída real de coparticipación,
paralización de obras con financiamiento nacional,
ausencia de ATN,
y suba de costos financieros por la inflación acumulada,
colocó a varios distritos al borde del estrés financiero.
Algunos estiman que, sin asistencia, no podrán garantizar el pago del medio aguinaldo de diciembre, un dato que empieza a encender alarmas sindicales y legislativas.
En este marco, el reagrupamiento provincial no es un desafío político al Gobierno nacional, sino un movimiento defensivo: evitar un colapso administrativo antes de fin de año.
En el caso de Tierra del Fuego, la preocupación se concentra en tres ejes:
la continuidad de fondos vinculados al régimen de promoción industrial,
la necesidad de recomponer transferencias automáticas,
y la definición de un esquema de asistencia que permita planificar 2026 sin sobresaltos.
La provincia acompaña los pedidos del bloque federal porque entiende que, sin una negociación seria, las condiciones económicas podrían empeorar. No se trata solo de recursos: se trata de fijar reglas claras para un año que se anticipa complejo.
La Casa Rosada observa estos movimientos con cautela. Si bien funcionarios nacionales dejaron trascender que el Gobierno está dispuesto a recibir a los mandatarios, no hay aún señales de que se vaya a modificar la estrategia fiscal general. En el Ejecutivo creen que el ordenamiento de cuentas provinciales depende más de las administraciones locales que de la asistencia nacional.
El problema es que la gobernabilidad necesita equilibrios, y Milei sabe que no puede construir su proyecto de reformas sin el aval de los gobernadores.
Con el presupuesto en debate, sin certezas sobre los fondos y con provincias al límite, diciembre aparece como un mes clave. El nuevo bloque federal buscará llegar con una posición común, mientras que el Gobierno nacional deberá decidir si profundiza su línea dura o si habilita un ámbito de negociación real.
Lo que viene no es solo una pulseada política:
es la redefinición del federalismo argentino en una etapa de crisis económica.