El plan económico del Gobierno nacional se apoyó en una premisa contundente: alcanzar el déficit cero recortando subsidios y trasladando el costo real de los servicios a las familias. Pero mientras las cuentas fiscales mostraron alivio, para la mayoría de los hogares argentinos el impacto fue devastador. La pregunta ya no es técnica ni ideológica: ¿quién pagó el ajuste? La respuesta aparece en cada factura, en cada góndola y en cada alquiler.
Desde diciembre de 2023, la quita de subsidios se convirtió en uno de los pilares centrales del programa económico. La lógica fue simple: si el Estado deja de cubrir una parte de los servicios, el usuario debe absorberla. Y así fue.
Un estudio del diputado electo Guillermo Michel expone el efecto real de ese traslado:
los gastos fijos de las familias crecieron muy por encima de la inflación y muchísimo más por encima de los salarios.
Los números son elocuentes:
Alquileres: +547%
Electricidad y Gas: +542%
Transporte público: +482%
Telefonía e Internet: +330%
Combustibles: +308%
Con semejante escalada, Michel sintetizó lo que hoy viven millones de argentinos:
“El día 15 ya es fin de mes porque los gastos fijos crecen mucho más que la inflación y que los salarios.”
El aumento de tarifas no solo golpeó de lleno a las familias cada vez que llega una factura. También produjo un efecto dominó sobre el resto de la economía, porque los servicios públicos son parte del costo de producción y circulación de prácticamente todos los bienes.
Si sube el gas, sube la comida.
Si sube la luz, suben los costos de los comercios.
Si sube el transporte, sube todo lo que se transporta.
Si suben los combustibles, aumenta cada etapa de la cadena logística.
El resultado es una combinación explosiva: ingresos que no acompañan, gastos fijos que vuelan y precios finales que no paran de escalar. La clase media —que históricamente amortiguaba las crisis— quedó atrapada en un modelo donde el costo de sostener la vida cotidiana crece a un ritmo inalcanzable.
La quita de subsidios tuvo dos impactos claros:
Las facturas de gas, luz, telefonía, internet y transporte registran subas que multiplican por cuatro o cinco sus valores de hace dos años. La presión es constante y obliga a reorganizar el presupuesto familiar: menos consumo, más deuda, más atraso en pagos.
El aumento de tarifas se trasladó a los productos básicos. Si producir, refrigerar, transportar y vender es más caro, el precio final también lo es.
Así, el tarifazo no solo vació bolsillos: reconfiguró toda la estructura de precios de la economía.
Michel viene advirtiendo que la combinación entre salarios rezagados, alquileres imposibles y tarifas impagables empujó a miles de familias al sobreendeudamiento, especialmente a través de tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento informal.
La contracción del consumo —un termómetro social por excelencia— es hoy una de las señales más visibles del impacto del ajuste.
En ese contexto, el diputado propuso reinstalar un mecanismo de devolución de IVA para compras de primera necesidad. La medida tendría tres efectos:
Aliviaría el bolsillo, permitiendo recuperar parte del gasto esencial.
Formalizaría operaciones, incentivando compras registradas.
Ampliaría la base tributaria, reduciendo la evasión.
Se trata de uno de los ejes de una propuesta tributaria integral que el peronismo elabora para ofrecer un esquema más simple, más justo y apoyado en herramientas tecnológicas.
La quita de subsidios permitió reducir el gasto estatal, pero lo hizo trasladando el peso del ajuste directamente a los hogares. La clase media, que debería ser el motor de la economía, quedó en el centro del impacto: pagó más por vivir y pagó más por consumir.
En Argentina, el déficit cero tuvo un costo, y ese costo —a la vista de todos— lo asumieron las familias.