La definición llegó tras una nueva reunión del Consejo de Mayo, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la que volvieron a quedar expuestas las diferencias entre el Ejecutivo y la Confederación General del Trabajo (CGT).
Aunque el Gobierno insiste en que el proyecto está encaminado, las negociaciones atraviesan cortocircuitos. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, representante de los sindicatos en el Consejo de Mayo, fue contundente antes de ingresar al encuentro:
“Nosotros hablamos de una modernización laboral que atienda sin perder derechos”, advirtió, dejando en claro que no hay acuerdo cerrado con el Ejecutivo.
Aun así, en la Casa Rosada aseguran que la relación con la central obrera no se romperá y que el texto final será el del Ejecutivo. Versiones internas indican que el envío al Congreso podría incluso anticiparse, si las condiciones políticas lo permiten.
Fuentes vinculadas a la mesa de negociación describen que el borrador comenzó a circular, aunque bajo estricta reserva. Entre los temas que no entrarán en esta etapa se encuentran:
La reforma previsional, que había sido incluida en el Pacto de Mayo.
La redistribución de fondos coparticipables, reclamada por gobernadores.
Ambos puntos, sensibles y de alto impacto fiscal, quedaron por ahora afuera del temario, pese a figurar en los compromisos originalmente firmados en Tucumán.
La sesión de este mediodía —la primera coordinada por Adorni desde su llegada a la Jefatura de Gabinete— aparece como la última instancia formal antes del 15 de diciembre, fecha tope para presentar el documento definitivo con los proyectos de ley que materializarán los 10 puntos del Pacto de Mayo.
Alrededor de la mesa en Casa Rosada se sentaron:
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, por el Ejecutivo.
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, por las provincias.
Carolina Losada, por el Senado.
Cristian Ritondo, por Diputados.
Gerardo Martínez, por los sindicatos.
Martín Rappallini, presidente de la UIA, por los empresarios.
La Reforma Laboral es uno de los ejes estratégicos del oficialismo para reconfigurar el mercado de trabajo y, según afirman desde el Gobierno, “modernizar” las reglas laborales para fomentar la contratación y reducir la litigiosidad.
Sin embargo, el nivel de resistencia sindical y la falta de un acuerdo político amplio anticipan un trámite legislativo tenso y con final abierto. La presentación del 9 de diciembre promete abrir uno de los debates más intensos desde la llegada de Milei al poder.