Procesan a exdirectivos de la UEJN por una maniobra millonaria con préstamos clandestinos y alquileres truchos

Un fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8 encendió la polémica en el Poder Judicial fueguino. Tres exautoridades de la Seccional N° 1 de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), fueron procesadas por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. El perjuicio ronda los $11 millones, aunque la resolución deja entrever que el desmanejo habría sido mucho más amplio. A los tres imputados les dictaron embargos millonarios.

Los imputados —Luis Simón Bechis, Daniel Oscar Vidal y Lucas Méndez Stiglich— quedaron en la mira por dos maniobras que, según la justicia, revelan un manejo “absolutamente discrecional” del patrimonio gremial. Bechis y Vidal fueron procesados como coautores, mientras que Méndez Stiglich como partícipe necesario.

El expediente describe un sistema paralelo de préstamos clandestinos, otorgados por fuera de toda normativa, sin control y en abierta violación a las reglas del propio sindicato y a las regulaciones del Banco Central, que prohíben a las asociaciones sindicales actuar como entidades financieras. Los intereses —según el fallo— se fijaban “a gusto” de los imputados y podían variar según la relación personal con el solicitante, un esquema que la resolución califica como arbitrario y ajeno a cualquier transparencia.

El otro eje de la causa es el uso comercial de departamentos del gremio, alquilados a turistas mediante Booking.com. Los inmuebles ubicados en Las Margaritas y Hol Hol se habrían explotado con fines de lucro, sin autorización y desviando bienes que, por estatuto, debían destinarse exclusivamente a fines sindicales.

Para el juzgado, la excusa del supuesto “fondo provincial” no resiste análisis: el estatuto de la UEJN no contempla ninguna autonomía financiera de ese tipo y, en consecuencia, el fraude afectó directamente un patrimonio compuesto por aportes de empleados judiciales. Es decir: dinero público.

Como consecuencia, el juez ordenó embargos millonarios: A Luis Simón Bechis: $70.000.000; Daniel Oscar Vidal: $60.000.000 y Lucas Méndez Stiglich: $50.000.000. Según se entiende, el fallo dejó al descubierto un manejo interno que operaba en la clandestinidad.