El Tribunal de Cuentas detectó desorden administrativo en pagos del Ministerio de Educación por más de $93 millones

La revisión fue realizada bajo la modalidad de Control Posterior, lo que permitió constatar múltiples incumplimientos y deficiencias formales en la tramitación de los pagos. De acuerdo con el organismo, los expedientes presentaron falta de conformidades definitivas, divergencias entre lo estipulado en el convenio y los servicios presuntamente prestados, y facturación sin el respaldo detallado de horas trabajadas, reemplazada por montos fijos según tipo de tarea.

Uno de los puntos más críticos fue la inconsistencia entre la documentación emitida por la UBA y las certificaciones del Ministerio de Educación. Los auditores detectaron que en distintos meses las planillas de asistencia, los informes de avance y las certificaciones no coincidían entre sí. En algunos casos aparecían personas consignadas en planillas que no figuraban en certificaciones oficiales, o asociadas a otros programas o valores distintos.

La Secretaría Contable del Tribunal calificó el cuadro como un proceso con presentaciones “parciales, incongruentes y extemporáneas”, señalando que parte del respaldo documental fue remitido fuera de término o incluso producido con posterioridad a los pagos. La Secretaría Legal avaló ese diagnóstico, recordando que irregularidades similares ya habían sido observadas en un pronunciamiento de 2023 sobre facturación de años anteriores del mismo convenio.

Otro aspecto señalado fue la incompleta digitalización de expedientes. El Tribunal advirtió que parte de las actuaciones tramitó inicialmente en papel y no fue incorporada íntegramente al sistema electrónico, lo cual contraviene la normativa vigente y limita la posibilidad de verificar adecuadamente la ejecución de los servicios.

Si bien el organismo marcó que la ausencia de conformidad definitiva podría dar lugar a cuestionamientos sobre el uso de los fondos, aclaró que no existen elementos suficientes para afirmar un perjuicio fiscal cierto, ya que parte de la documentación permitiría inferir la existencia de tareas realizadas.

En su resolución, el Tribunal de Cuentas instó al ministro de Educación, Pablo López Silva, a ordenar y fortalecer los procedimientos administrativos, garantizando que en adelante los expedientes contengan información completa y oportuna, y que la digitalización respete los requisitos establecidos por el sistema de expediente electrónico para permitir un control eficaz.