Sin embargo, desde la CGT y las CTA advierten que se trata de la mayor ofensiva flexibilizadora de las últimas décadas, con impactos directos sobre la estabilidad laboral, la negociación colectiva, las indemnizaciones y la protección sindical.

El proyecto comenzará a discutirse en el Senado, mientras la Cámara de Diputados concentra su agenda en el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. A continuación, los aspectos más relevantes y controversiales de la reforma.

1. Nueva definición de relación laboral: avance sobre el trabajo autónomo

Uno de los cambios más sensibles es la modificación de la presunción de relación laboral.
Hasta ahora, si una persona prestaba servicios, se presumía que existía un contrato de trabajo.

Con la reforma, esa presunción dejará de aplicarse cuando se emitan facturas o recibos de servicios, lo que abre la puerta a más contrataciones autónomas donde hoy se reconoce relación de dependencia.

Los gremios consideran que esto puede fomentar la “falsa monotributización” y expulsar miles de trabajadores del sistema de derechos laborales.

2. Fin de la responsabilidad solidaria en tercerizaciones

La reforma elimina la responsabilidad solidaria automática de la empresa principal cuando contrata a otra para prestar servicios.

Hoy ambas son responsables frente al trabajador.
Con el cambio, solo habrá solidaridad si se prueba fraude o conducción temeraria.

Para los sindicatos, esto debilita la protección frente a empresas tercerizadas, uno de los sectores más precarizados del mercado laboral.

3. Pago salarial en moneda extranjera

La propuesta habilita el pago de salarios en moneda extranjera, además de exigir que toda remuneración se deposite en una cuenta bancaria o billetera digital autorizada.

Aunque esta medida se presenta como un mecanismo de “modernización”, especialistas advierten que puede fragmentar las escalas salariales y generar relaciones contractuales desiguales, especialmente en regiones con fuerte paridad cambiaria.

4. Vacaciones con aviso anticipado y posibilidad de fraccionamiento

El empleador deberá otorgar vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con un aviso mínimo de 45 días.

Además, se habilita el fraccionamiento del descanso, siempre que cada tramo tenga al menos siete días.
Para los gremios, esto podría derivar en mayor discrecionalidad empresarial y menos previsibilidad para los trabajadores.

5. Banco de horas: flexibilidad que preocupa

El proyecto permite compensar horas de más en un día con horas de menos en otro, mientras no se supere el máximo semanal.

Gremios y abogados laboralistas advierten que este mecanismo suele resultar en sobrecarga encubierta, menos pago de horas extras y mayor disponibilidad exigida al trabajador.

6. Preaviso: reducción de derechos en antigüedades altas

Hoy un trabajador con más de 10 años debe ser preavisado con 3 meses.
La reforma lo reduce a dos meses para quienes tengan más de 5 años de antigüedad.

Este punto es visto como un recorte directo de derechos adquiridos.

7. Indemnizaciones: cambios sutiles, impacto fuerte

Aunque se mantiene la fórmula de un mes de sueldo por año trabajado, hay dos modificaciones clave:

• Se excluyen del cálculo conceptos como aguinaldo, vacaciones o premios no mensuales.

• Se elimina la posibilidad de reclamar daños y perjuicios cuando el trabajador es despedido antes del vencimiento de un contrato a plazo.

Para los gremios, esto abarata el costo del despido, facilitando la rotación y debilitando la estabilidad laboral.

8. Fondo de cese laboral: fin del esquema tradicional

Se habilita que convenios colectivos reemplacen la indemnización por un fondo de cese, similar al esquema de la construcción.

Aunque el Gobierno lo presenta como un sistema más previsible, los gremios temen que esto derive en un modelo generalizado de precarización, especialmente en sectores con alta rotación.

9. Período de prueba extendido: hasta seis meses

La reforma consolida la extensión del período de prueba a seis meses, con posibilidad de ampliarlo hasta 8 o 12 meses según convenio.

Durante ese lapso, el empleador puede despedir sin indemnización, lo que para las centrales obreras implica una ventana de precariedad prolongada para los trabajadores.

10. Plataformas de reparto: libertad de conexión, sin relación laboral

El proyecto formaliza el modelo de “repartidor independiente”, habilitando al trabajador a conectarse libremente, aceptar o rechazar pedidos y trabajar para varias apps.

Para las empresas, esto brinda un marco jurídico estable.
Para los gremios, institucionaliza la desprotección de uno de los sectores más vulnerables del mercado laboral.

11. Fin de la ultraactividad plena de los convenios colectivos

Los convenios vencidos dejarán de regir automáticamente hasta que se firme uno nuevo.
Solo se mantendrán las cláusulas normativas, no las obligacionales.

Esto debilita la capacidad de presión de los gremios y fortalece la negociación desde el lado empresario.

12. Recorte en la tutela sindical

La protección sindical se limitará únicamente a los delegados titulares.
Congresales y suplentes ya no contarán con estabilidad absoluta.

Además, los delegados tendrán un tope de 10 horas mensuales para tareas gremiales y no podrán interrumpir actividades.

Los gremios señalan que esto constituye un recorte directo de la actividad gremial.

13. Endurecimiento de infracciones: bloqueos y protestas bajo la lupa

La reforma tipifica como infracciones muy graves los bloqueos, tomas de edificios, daños o agresiones durante medidas de fuerza.

Para el Gobierno, busca garantizar el derecho a trabajar.
Para los sindicatos, criminaliza métodos históricos de protesta.

14. Programa de Formación Laboral Básica

Se crea un programa nacional para capacitar a personas sin formación laboral.
Si bien es uno de los puntos menos conflictivos, especialistas advierten que su efectividad dependerá de la inversión real en educación y empleo.

Un debate que promete tensión: flexibilización o retroceso

Para el Gobierno, esta reforma es clave para dinamizar el empleo y atraer inversiones.
Para los gremios, se trata de una reforma regresiva, que reduce la protección jurídica de los trabajadores y amplía la discrecionalidad empresarial.

El debate legislativo promete convertirse en uno de los capítulos más tensos del año político, con movilizaciones anunciadas y una fuerte disputa de poder entre el Ejecutivo, las centrales obreras y los bloques del Congreso.