Fuentes y registros oficiales muestran una larga inactividad que dejó abiertos temas urgentes de salud, educación, comercio y finanzas públicas.
No es sólo la percepción: la Legislatura tuvo un prolongado receso que se tradujo en 136 días sin sesión plenaria en algunos tramos del año, y recién retomó la actividad en noviembre. Ese lapso donde el recinto permaneció vacío coincidió con la acumulación de expedientes prioritarios que ya no pudieron ser debatidos a tiempo.
A la par de la ausencia en el recinto, el cronograma de comisiones también sufrió paralizaciones. En noviembre, la Dirección de Comisiones difundió un memorando interno que informó la suspensión del cronograma de reuniones previsto para analizar el proyecto de Presupuesto 2026, por indicación del presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto, legislador Federico Sciurano (FORJA). Esa decisión frenó el inicio formal del análisis técnico y político del proyecto más importante del año.
El resultado fue inmediato: la cuarta sesión ordinaria se levantó sin los debates esperados y con un listado de iniciativas sin tratamiento -entre ellas la ley de gastos 2026, la discusión sobre la salmonicultura y medidas para paliar la crisis del comercio local-, lo que reavivó críticas contra la inacción parlamentaria.
Distintos actores políticos y analistas atribuyen la paralización a una estrategia sostenida por el bloque oficialista y aliados, cuyo bloqueo reiterado de los temas de fondo impidió que comisiones y sesiones avanzaran con normalidad. Organismos públicos, sindicatos y opositores vienen reclamando respuestas a problemas acuciantes que, en muchos casos, requieren leyes o dictámenes inmediatos. Una nota reciente sostuvo que la provincia atraviesa una “situación de decadencia institucional” por el acompañamiento de mayorías que impidieron los debates legislativos.
La parálisis legislativa no es un detalle secundario: tiene efectos concretos y tangibles sobre la vida diaria de los fueguinos. Entre los temas urgentes que quedaron con tratamiento apenas iniciado o directamente suspendido aparecen:
Presupuesto 2026: la ley de leyes no avanzó en comisiones y su tratamiento quedó postergado, con el consiguiente riesgo sobre la previsión de gastos, pagos a proveedores y planificación de obras.
Salud pública: reclamos por la situación de la obra social estatal y la falta de respuestas normativas que podrían mejorar la gestión permanecen abiertos. (Relevos periodísticos han puesto el tema en la agenda provincial).
Educación: proyectos vinculados a la infraestructura y líneas de acción educativa tuvieron escasa tracción en comisiones.
Crisis del comercio local y moratorias: iniciativas para acompañar al sector comercial afectado por la crisis no fueron tratadas con la celeridad que exigía la coyuntura.
Endeudamiento y bonos provinciales; salida de YPF: cuestiones financieras y contratos estratégicos que requieren control parlamentario quedaron sin el análisis exigible.
La ausencia de debates y la suspensión de agendas en comisiones dejan dos efectos inmediatos: por un lado, se erosiona la transparencia y el control democrático sobre actos del Ejecutivo; por otro, se multiplican los costos para la ciudadanía: proveedores sin certezas de pago, municipios con dudas sobre transferencias, trabajadores y usuarios de servicios públicos sin soluciones legislativas a problemas concretos.
Voces críticas afirman que el oficialismo melelista, con el apoyo tácito de bloques aliados en la Legislatura, optó por bloquear el avance de temas clave, priorizando el control político del cuerpo por sobre la obligación de legislar en favor de la provincia. Esa lectura queda reforzada por la decisión explícita de suspender el análisis del Presupuesto y por la prolongada inactividad del recinto.
Organizaciones civiles, cámaras empresarias y referentes políticos exigen ahora que la Legislatura retome con urgencia su función deliberativa: abrir comisiones, tratar el Presupuesto y poner en la agenda las leyes que la provincia necesita para funcionar. La provincia no puede pagar el costo de una Legislatura paralizada cuando las familias, los comercios y los servicios públicos ya enfrentan tensiones fiscales y sociales.