La ONG Mane’Kenk judicializará la reforma que habilita la cría de salmones

USHUAIA.- La comunidad ambientalista de Tierra del Fuego atraviesa un estado de alerta tras lo ocurrido el pasado 15 de diciembre de 2025 en la Legislatura provincial. La asociación Mane’Kenk calificó aquella jornada como un retroceso institucional alarmante, debido a la modificación de la Ley N° 1355 que, desde su sanción en 2021, protegía a los ecosistemas acuáticos fueguinos de la instalación de industrias salmoneras, posicionando a la provincia en la vanguardia de la preservación natural.

Desde la organización denunciaron que el proceso de reforma se llevó adelante mediante mecanismos que ignoraron el consenso científico y social previo. Según el comunicado institucional, el cambio normativo se gestó de forma autoritaria, afectando directamente la calidad democrática de las instituciones y desmantelando un esquema de protección que contaba con el respaldo de diversos sectores de la sociedad civil y el ámbito académico a nivel nacional.

La labor parlamentaria quedó bajo la lupa de los ambientalistas debido a la ausencia de un debate profundo y la omisión de informes técnicos de organismos estatales. Los legisladores que dieron el visto bueno a la iniciativa fueron Lapadula (Provincia Grande), Greve y Martínez (FORJA), Dos Santos (Sumemos Tolhuin), Pino y García (PJ), junto a Seltzer y Gracianía (La Libertad Avanza). A este grupo se les cuestiona no haber aportado datos fehacientes sobre la supuesta creación de puestos de trabajo ni garantías tecnológicas sobre la viabilidad del proyecto.

En el centro de la polémica aparece el Poder Ejecutivo, acusado de descartar deliberadamente tres dictámenes técnicos internos que desaconsejaban la apertura a las salmoneras. Estos informes, elaborados por especialistas en biodiversidad y recursos hídricos del propio Gobierno, advertían sobre un peligro latente: la posible priorización del uso industrial del agua por sobre el consumo de la población, lo que entraría en colisión directa con la Ley Provincial de Aguas vigente.

El cambio de posición de ciertos actores políticos también generó un fuerte malestar en el sector civil. Mane’Kenk puso el foco en el legislador Lapadula, quien pasó de definir la actividad como una forma de hipotecar el futuro de la provincia a acompañar el proyecto con su voto positivo. Para los referentes de la ONG, este giro evidencia la presión de intereses económicos que logran disolver las diferencias ideológicas cuando se trata de explotar recursos naturales.

La cronología previa a la votación estuvo marcada por situaciones anómalas en el trabajo de comisiones, donde se denunció la firma de dictámenes fuera de los cauces habituales y que permanecieron bajo reserva hasta que una orden judicial obligó a su publicación. Este clima de tensión derivó en la renuncia de la legisladora María Laura Colazo a la presidencia de la Comisión N° 3, sumado a las dimisiones de Andrea Bianchi y Ayelén Boryka en la Secretaría y Subsecretaría de Ambiente, respectivamente, en un claro gesto de disconformidad con el rumbo político tomado.

El análisis técnico de la nueva normativa revela contradicciones que, según la asociación, generan una profunda inseguridad jurídica. Entre los puntos señalados figuran el traspaso de facultades de control ambiental hacia la Secretaría de Pesca y el uso de terminología ambigua sobre la sustentabilidad de las tecnologías a emplear. Ante este panorama, Mane’Kenk confirmó que la disputa se trasladará a los estrados judiciales para intentar restituir la prohibición original.